La Junta de Fiscales de Sala «controlada» por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estudiará este miércoles la investigación de la filtración de la Fiscalía contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, encargada de informar sobre la querella presentada por Alberto González Amador contra los fiscales que filtraron información de su caso, a través de un comunicado difundido por la Fiscalía Provincial de Madrid, se negó a solicitar el archivo de la causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Un archivo que le ordenó la teniente fiscal del Tribunal Supremo y nº 2 de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde. De la O invocó entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Mº Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala se pronuncie.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que «la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula del Ministerio Fiscal, ha sido colonizada en los últimos años por fiscales de la asociación izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF) durante los mandatos deÁlvaro García Ortiz y su predecesora al frente de la Fiscalía General del Estado Dolores Delgado. De la treintena larga de fiscales de Sala que hay en la actualidad, unos 22 son de la UPF. La Junta de Fiscales está controlada por el fiscal general».
Entre los fiscales de la UPF ascendidos a fiscal de Sala en los últimos años se encuentran los propios Delgado y García Ortiz, porque durante sus respectivos mandatos se beneficiaron mutuamente: Dolores Delgado, fiscal de Sala de Memoria Democrática; Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de Odio; Ana García León, fiscal jefe de la Secretaría Técnica; Luis Manuel López de Aranguren, fiscal de Sala de lo Social; Esmeralda Rasillo López (fiscal de Sala de lo Militar); Manuel Martín-Granizo Santamaría, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas; Álvaro García Ortiz, fiscal jefe de la Secretaría Técnica; Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer o Eduardo Esteban Rincón, fiscal de Sala de Menores (nombramiento anulado por el Tribunal Supremo)
También se encuentran Félix Pantoja García, fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo; Luis del Río, fiscal de Sala de Seguridad Vial; Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala de Extranjería; María Antonia Sáinz Gaite, fiscal jefe de la Inspección fiscal (exUPF) o María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que «la querella presentada contra la filtración de la Fiscalía reúne los requisitos para ser admitida. El relato encaja con la presunta comisión de delitos de revelación de secretos y de vulneración de derechos fundamentales como el derecho de defensa y a la presunción de inocencia. Además, existe fuente de prueba: el propio comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid con el que se produjo la filtración y las órdenes por escrito que efectuó el fiscal general del Estado para que se difundiera el citado comunicado».
«La Junta de Fiscales de Sala controlada por el fiscal general y la UPF previsiblemente solicite la inadmisión de la querella y la mano derecha del fiscal general Sánchez Conde refrendará esta posición. No obstante, existen muchas posibilidades de que el TSJ de Madrid desoiga el informe de la Fiscalía y decida admitir la querella y abrir una investigación. Existen indicios de delito suficientes para condenar al propio García Ortiz si la instrucción llega al Tribunal Supremo», concluyen,
La reunión de Sánchez Conde con María de la O
La teniente fiscal del Supremo Ángel Sánchez Conde mantuvo una reunión con la fiscal María de la O Silva a la que pidió que solicitara la inadmisión de la querella, mientras ésta proponía que se practicasen diligencias de investigación.
La teniente fiscal del Supremo alegaba que, una vez que la Fiscalía de Madrid pidió que se archivase la querella que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra los fiscales del caso, lo pertinente era mantener dicho criterio y abogar también por la inadmisión de la querella que presentó el novio de Ayuso.
