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La Justicia condena al Gobierno vasco por no proteger a su policía contra el Covid-19

El Gobierno vasco se ha llevado un duro revés judicial en lo que a la gestión de la crisis anitaria provocada por el coronavirus se refiere. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha puesto sobre la mesa, como un hecho confirmado, que el equipo gubernamental dirigido por Íñigo Urkullu desprotegió a los agentes policiales que tuvieron que trabajar en la primer línea de lucha contra la pandemia.

La Sala de lo Social del máximo órgano vasco de Justicia ha corroborado que la Ertzaintza no dispuso del material de protección pertinente para desempeñar su labor en cercanía al virus. No llegó la cantidad suficiente de equipamientos (mascarillas, guantes, buzos…) a las fuerzas policiales autonómicas y el Ejecutivo ha sido condenado por ello.

Ahora, Urkullu y compañía han de esmerarse en corregir su error imprudente y distribuir, de inmediato, los equipamientos de calidad que siguen urgiendo a los agentes. Se ha «vulnerado la integridad física«, ha considerado el organismo, del mismo modo que el Juzgado de lo Social de Teruel subrayara este jueves que la Diputación General de Aragón había incurrido en el mismo grave fallo en la gestión.

Las demandas que abrieron las puertas a esta condena partieron de los sindicatos de la Ertzaintza ErNE y ESAN. En esos textos se afeaba que el Gobierno vasco no estaba ejecutando las «medidas de prevención necesarias» para proteger la seguridad de los agentes, además de denunciar que el material recibido era «en muchos casos de dudosa calidad».

Así pues, el tribunal entiende que se ha vulnerado un «derecho fundamental» de los agentes de la policía autonómica, el que se refiere a la integridad física. El Gobierno, según la el criterio del tribunal, ha «omitido total o parcialmente las medidas de protección laboral» que le eran «exigibles». Y emite una condena que obliga al Ejecutivo de Vitoria a «suministrar a todos los agentes los medios de protección consistentes en mascarillas FFP2 y FFP3, gafas, guantes desechables, buzos tipo 5 y 6 y contenedores de residuos infecciosos».

Esta polémica se une a la proclamada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), que ha tildado de «indecente» la conducta del Gobierno Vasco al que acusa de «aprovechar la excepcionalidad de la crisis sanitaria sin precedentes provocada por la Covid-19 para reclamar el acercamiento a cárceles vascas de todos los etarras presos y de cerca de un centenar de presos comunes».

«Es inaceptable» el comportamiento del Ejecutivo de Urkullu porque hasta ahora «cuando exigía el acercamiento de los ‘presos vascos’ a cárceles de Euskadi solo se refiriese a los reclusos de ETA». «Esto evidencia que no les importa el acercamiento de ese centenar de presos comunes vascos que también cumplen pena en cárceles fuera del País Vasco, puesto que nunca les han incluido en sus demandas», sentenció Covite en un comunicado.