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La Justicia da un paso más y amplia la investigación al exlíder de Vox en Andalucía

Francisco Serrano

Paloma Cervilla.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias previas contra Francisco Serrano, expresidente del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz y hoy diputado no adscrito, tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía por posible fraude de subvenciones o estafa.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad de abrir diligencias previas contra el diputado y candidato a la Junta, el mediático juez Francisco Serrano, ha supuesto un duro golpe para esta formación política en el territorio desde donde despegó el partido de Abascal hace ahora dos años. Serrano ya abandonó el partido el pasado día 2 y ahora se tendrá que enfrentar a la Justicia.

El TSJA ha decidido admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía por posible fraude de subvenciones o estafa. La causa que se va a investigar se refiere a los indicios existentes sobre un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a la ayuda estatal de 2,5 millones de euros que recibió en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla, a la que pertenecía Francisco Serrano, una ayuda que ni justificó ni devolvió.

La Sala Civil y Penal del alto tribunal, con sede en Granada, se declara competente para investigar al socio del diputado objeto de la querella pese a carecer de aforamiento «al apreciarse indivisibilidad de la causa, por cuanto en la querella se parte de una actuación orientada al mismo fin delictivo», según informa el TSJA en una nota de prensa.

En un auto emitido el pasado 21 de julio, la Sala sostiene que «la documentación aportada hace imprescindible comprobar» si, tal como se establece en la querella, el diputado y la otra persona investigada constituyeron una sociedad «con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes» con el fin de ser beneficiarios del apoyo financiero a la inversión industrial que el Ministerio de Industria convocó en marzo del 2016.

Para llevar a cabo esta operación, habrían generado «una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera y para servir de base para el importe de la ayuda solicitada (2.489.000 euros)».

Esta investigación judicial tratará de esclarecer si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público.

Cuando la Fiscalía presentó la querella, el diputado dejó Vox el pasado día 2 de julio y abandonó el cargo de presidente del Grupo Parlamentario en Andalucía, pero mantuvo el acta de diputado.