La Audiencia de Palma ha fijado para el próximo miércoles una vista previa al juicio del caso Multimedia, en el que once personas, entre ellas varios ex altos cargos y dirigentes del PSOE, están acusadas de varios delitos de presunta corrupción en torno a una empresa pública del Govern de Baleares en la legislatura 2007-2011.
Entre los acusados, que se enfrentan en conjunto a penas que suman 156 años de cárcel, están los ex directores generales autonómicos Antoni Manchado y José Antoni Santos, el ex secretario general del PSOE de Calvià Francisco Cano y el ex director general de Comunicación del Ayuntamiento de Palma Josep Alcover.
La Fiscalía atribuye a los once acusados, en distinto grado, delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, malversación, tráfico de influencias y falsedades en documentos oficiales y mercantiles.
En su relato de los hechos, la acusación pública señala que Santos y Manchado, desde sus responsabilidades como directores generales autonómicos de Coordinación y Tecnología, respectivamente, utilizaron la empresa Multimedia, creada para impulsar proyectos tecnológicos del Govern, para contratos fraudulentos en beneficio de personas de su entorno.
«Multimedia concertó una serie de contratos que conculcaron los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de concurrencia y el principio de igualdad de oportunidades», indica el fiscal.
Añade que se fraccionaron deliberadamente los contratos para evitar los controles establecidos y beneficiar a los adjudicatarios en detrimento de posibles competidores y de las arecas de la propia administración.
«En ocasiones, se beneficiaban amigos o personas cercanas al entorno de los dirigentes» de la empresa pública obteniendo recursos de la administración con facturas «inveraces y que después eran certificadas por los funcionarios correspondientes, que hacían dejación de sus funciones de forma deliberada», describe la acusación.
El caso comenzó a investigarse en 2014 por el juzgado de instrucción 5 de Palma a instancias de los datos sobre posibles irregularidades contractuales aportados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
