Libertad Digital lleva tiempo advirtiendo de la labor del presidente del Tribunal Constitucional en la elaboración de la Ley de Amnistía. Se trata de un trabajo inadmisible porque el que será, a buen seguro, futuro juez de garantías constitucionales de la norma habrá sido nada menos que uno de los implicados en la asesoría directa y redacción de la ley. Y esa implicación debería dejarlo fuera de la posibilidad de valoración de la constitucionalidad o no de la norma más polémica y destructiva de los últimos tiempos. Pues bien, la redacción definitiva de la ley ha calcado el argumento más polémico de toda la vida del ahora presidente del Tribunal Constitucional -Cándido Conde Pumpido- y en el año 2006 -en plena negociación del PSOE con ETA- fiscal general -recordado, por cierto, como comodín salvador por el propio Arnaldo Otegi tras su detención en el caso Faisán. Del arrastrado «de las togas» por el «polvo del camino» para amoldarse a la «transformación» de la realidad social esgrimida en aquella etapa por Pumpido, se ha pasado en la actual ley al arrastrado de la «ley» porque debe «estar al servicio de la sociedad y no al revés». Un mismo argumento con leves cambios formales.
La nueva proposición de ley recoge el siguiente párrafo en su exposición de motivos:
«Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo».
Es decir, que la norma necesita ciertos ‘arrastres’ para responder a su verdadero fin, según el texto registrado en el Congreso de los Diputados. El texto sigue y señala que, «por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento«.
La defensa de la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez logrará su investidura, por lo tanto, se basa en que una capa -legislativa, en esta caso- tiene el poder de retorcer las normas para que se amolden a lo que ellos consideran que es «el servicio a la sociedad». Eso sí, lo hace transformando de facto y por la puerta de atrás la Constitución sin respetar los cauces de reforma de la Carta Magna blindados legalmente.
Pero lo más llamativo es que la idea central de la defensa de la nueva Ley de Amnistía copia literalmente el mismo argumento usado ya por Conde-Pumpido cuando defendió que los fiscales debían retorcer sus togas y comportamiento para favorecer otro «servicio a la sociedad»: en aquella ocasión ese supuesto servicio benefactor era el de favorecer la negociación del PSOE con ETA y la consiguiente entrada en las instituciones del brazo heredero de la banda terrorista.
En aquella ocasión -2006- y durante la intervención ante la comisión de Justicia de la Cámara Alta de Conde Pumpido, el entonces fiscal general de Rodríguez Zapatero afirmó que, en la medida en que una ley aprobada por el Parlamento, «interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el Ministerio Fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin». Añadió que tampoco consentiría «trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que en lugar de buscar la paz social alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quienquiera que sea».
Porque, si bien era cierto que la defensa de las víctimas «era y es la aplicación imparcial, serena y firme del Derecho, a todos los justiciables por igual», sin embargo, «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino» con un fin: la aproximación del Ministerio Público a la realidad social de una manera «profundamente comprometida en su transformación». Es decir, que según Conde-Pumpido, en aquella ocasión era necesario ‘arrastrar’ la norma para lograr una «transformación» social benéfica. Y ahora, igual.
