Bildu sigue trabajando en la sombra, fiel a su estilo. Y se ha encargado de que la Ley de amnistía incorpore una serie de párrafos que abren la puerta a que los proetarras usen sus argumentos para reclamar posteriormente la extensión de esta ley inconstitucional con el fin de redimir a los etarras.
Los párrafos incluidos en la exposición de motivos pueden ser analizados, según la mentalidad socialista y separatista, tanto en el contexto catalán como en el vasco. Los párrafos en cuestión señalan lo siguiente: «Así, con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada» años después «del comienzo del proceso independentista» y para «garantizar la convivencia de cara al futuro».
El texto añade que «al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político». Explica que «la aprobación de esta ley orgánica se entiende, por tanto, como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población».
Y señala que se trata de «unas consecuencias, además, que podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no sólo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos» que ejercen «funciones esenciales en la administración autonómica y local». Todo, claro está, por la «convivencia social«.
Esos párrafos señalan igualmente que, «con la aprobación de esta ley orgánica, por tanto, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista» en aras del «interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social» tanto de la comunidad autónoma afectada, «como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político«.
Hay que recordar que el argumento de que los etarras no eran asesinos, sino luchadores por la independencia del País Vasco en un «conflicto» con el «Estado español» ha sido la base de la defensa de ETA realizada desde sectores de la izquierda y separatistas.
Y hay que recordar también que Junts y ERC han pedido la amnistía para los delincuentes separatistas. Pero, una vez implantada, la pretende utilizar Bildu para invocar el término «preso político» y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras. Ese es el plan oculto tras la exigencia del separatismo catalán de un vaciado de los delitos del 1-O y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance de la amnistía.
¿Porque sus «hermanos» separatistas catalanes logran el vaciado penal de todos sus delitos relacionados con el 1-O? Cierto. ¿Porque deja sin castigo penal un futuro 1-O en Cataluña o cualquier otra región? También cierto. Pero, sobre todo, porque abre una puerta legislativa a su extensión a los terroristas etarras. La causa radica en la deslegitimación del Gobierno, régimen, Justicia y Constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo.
Y es que, en Bildu no ocultan que esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como «presos políticos» y «condenados políticos» aplicada a los etarras, puesto que, si la Justicia, gobiernos o Constitución que han albergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la ahora exigida legitimidad de las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como «parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español», según esa argumentación.
