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La Ley Hipotecaria trae otro golpe para la banca: deberá asumir los gastos de notaría y registro

El Congreso prepara un nuevo revés para el negocio hipotecario de los bancos. La ponencia que debate a puerta cerrada el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario tiene sobre la mesa traspasar a las entidades todos los gastos de notaría y registro necesarios para firmar una hipoteca, así como los ligados a los gastos de tasación. La mayoría parlamentaria respalda al menos dos de esos puntos, con lo que es seguro que pronto las entidades tendrán que asumir nuevas cargas.

Fuentes de la ponencia aseguran a OKDIARIO que la intención es que la banca cargue con el 100% de los dos primeros gastos (notaría y registro). Sin embargo, en el caso de los gastos de tasación, los miembros de la comisión no cuentan con tanto consenso. La razón que ha esgrimido el Partido Popular y ha sido bien recibida por Ciudadanos es que el cliente puede llevarse a otro banco esa tasación en caso de que decida cambiar la hipoteca. Una razón de peso para que los prestatarios sigan asumiendo este coste.

Para consuelo del sector financiero, propuestas, como la de Podemos, de promover la dación en pago tienen poco recorrido. Asumir esta exigencia supondría un varapalo para las entidades, que reducirían al máximo la concesión de hipotecas, con unas consecuencias nefastas para la economía y los ciudadanos.

Urgencia del Gobierno

La Comisión del Congreso volverá a reunirse el próximo martes para acelerar este proyecto de ley, conocido como Ley Hipotecaria. La ministra de Economía, Nadia Calviño, tiene prisa por aprobar esa normativa. No sólo porque el revuelo que ha generado el Tribunal Supremo en el mercado hipotecario quiere ser aprovechado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar su mano dura con la banca. También porque si la ley no se aprueba pronto, España afronta una multa de más de 105.000 millones de euros diarios por el retraso del Congreso en trasponer unas directivas de la Unión Europea para el mercado hipotecario.

Una asignatura que dejó pendiente el Gobierno de Mariano Rajoy y que puede abrir un problema similar al del decreto de la estiba, dado que Bruselas ya ha judicializado ese retraso y la sentencia es inminente.

Fuentes parlamentarias aseguran a este periódico que Calviño intentó cerrar la ponencia de la Ley hipotecaria el pasado martes por la mañana, esto es, antes de que el Supremo se hubiera pronunciado sobre la decisión del Pleno. Unas prisas que no doblegaron el pulso de otros partidos políticos, que consideraban vital conocer la decisión de los magistrados para abordar el futuro del mercado hipotecario español con garantías.

Como contaba ayer este periódico, la decisión de Sánchez de colgarse una medalla con un Real Decreto para modificar la Ley de Actos Jurídicos Documentados no ha sentado bien a la ponencia del proyecto de ley. El motivo es que había mayoría para sacar adelante la propuesta de que sean los bancos y no los clientes quienes asuman los costes del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) con todas las garantías necesarias. Es decir, para tramitar este cambio de una Ley por el procedimiento adecuado y no con un decretazo que puede ser puesto en duda por el Tribunal Constitucional en el futuro.

Con la reputación de la banca atravesando de nuevo un momento de horas bajas, la ponencia tratará de consensuar su texto el próximo 13 de noviembre. Después trasladará a la Comisión de Economía sus propuestas
El objetivo final es que el mercado hipotecario esté dotado de una mayor transparencia y que los consumidores cuenten con una mayor protección a la hora de contratar un préstamo para adquirir una vivienda. Era una asignatura pendiente en España, puesto que la ley hipotecaria vigente es del año 1946.