Entre los puntos más conflictivos del proyecto de ley Trans aprobado por el Gobierno destaca la posible reserva de plazas en oposiciones y concursos públicos. Aunque todo está a expensas de la tramitación parlamentaria, lo cierto es que el texto impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, deja la puerta abierta a este tipo de beneficios tanto en el sector público como en el privado.
«En el ámbito laboral, se incluye un mandato para el diseño de medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo», reza el documento emanado del propio Consejo de Ministros.
Declararse trans sin informes médicos
Aunque la inclusión de «medidas de acción positiva» deja bien claras las intenciones del Ejecutivo, la cuidada redacción de este capítulo responde a la polémica que los rumores ya originaron el pasado mes de diciembre, cuando no pocos sectores se escandalizaron al enterarse de que, entre los planes de Irene Montero se encontraba la reserva de plazas para todo aquel que se declare trans.
Hay que recordar que, con la nueva ley, cualquier persona que así lo desee podrá cambiar su nombre y su sexo en los documentos oficiales sin necesidad de ningún informe médico e incluso revertir su identidad en un futuro de la misma forma: simplemente, rellenando una solicitud en el Registro Civil.
«Yo no me puedo autodeterminar persona con discapacidad y pasar a tener sus mismos derechos», denunciaba la Confluencia Movimiento Feminista. Y eso es exactamente lo que podría suceder ahora con las personas trans: no se beneficiarán de esta medida aquellos que han emprendido un cambio de sexo real, amparado por los informes de especialistas, sino cualquiera que, por decisión propia, cambie simplemente su nombre y su sexo en el DNI.
El precedente de Aragón
La medida cuenta con el precedente de Aragón, donde el socialista Javier Lambán impulsó ya en 2018 una ley que establece que «en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales».
Desde entonces, han sido varias las convocatorias que han levantado la polémica, aunque, sin duda alguna, la más controvertida fue la publicada el 3 de julio de 2020. Aquel día, el Boletín Oficial de Aragón hacía pública la resolución por la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 83 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la comunidad autónoma. Lo llamativo era que mientras que no se reservaba ninguna plaza para personas con discapacidad —incumpliendo así la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, General de derechos de las personas con discapacidad— sí se reservaban dos para transexuales, el doble, incluso, de lo que establecía la propia normativa aragonesa.
«Me parece tan grave que aún no me lo creo», comentaban los ciudadanos en redes sociales. «Se está otorgando esa consideración a personas sólo bajo su palabra. Eso deja una cantidad tremenda de flecos legales sueltos, y abre la puerta al fraude«, advertían otros. Las mismas reticencias surgen ahora ante una ley que, además, tendrá carácter nacional
