El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes la admisión a trámite de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación presentada por el PSOE, que ha encendido la polémica con Unidas Podemos, ya que le acusa de incumplir el acuerdo de gobierno al presentar el texto sin su visto bueno.
El trámite se produce en plena deliveración del Consejo de Ministros, con miembros de Podemos y del PSOE y después de que el Ministerio de Igualdad acusara este lunes al PSOE de impedir el debate de las propuestas sobre la ley trans y LGTBI en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que tiene dudas sobre el borrador de la ley, cree que estas leyes necesitan todavía un «tiempo razonable» para que puedan contar con la suficiente calidad normativa y seguridad jurídica.
Ha querido tranquilizar apuntando que «no hay distinción ninguna» con las leyes que prepara Igualdad, sino que «hay materias más fáciles y otras mas complicadas». «Es una ley particularmente importante para este Gobierno, necesaria para nuestro país y la vamos a alcanzar de una manera equilibrada», ha destacado Calvo.
También ha querido restar importancia recordando el acuerdo de coalición: «Tanto Unidas Podemos como el PSOE tenemos un compromiso electoral, también como socios de gobierno y lo vamos a alcanzar por el mismo procedimiento que cualquier proyecto de ley que requiere un tiempo razonable para tener una ley con la correspondiente calidad normativa y seguridad jurídica».
Antes, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha salido al paso de la polémica. «No se puede generar conflictos de una buena noticia», ha dicho para lamentar después que se imponga la polémica entre las dos formaciones que gobiernan antes que el contenido de la ley.
La denominada Ley Zerolo, que se solapa en buena medida con dos de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad, la Ley LGTBI y la Ley trans, ha sido motivo de desencuentro entre los socios de gobierno, ya que el pasado 21 de enero el PSOE registró en el Congreso la proposición de ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, ante la sorpresa de Unidas Podemos, que aseguró que el texto no contaba con su visto bueno ni con el del Ministerio de Igualdad, «competente en la materia».
El Ministerio que dirige Irene Montero ha denunciado que la presentación de esta proposición de ley por parte del PSOE «incumple el acuerdo de gobierno», además de presentarse de forma «unilateral rompiendo siete meses de negociaciones».
Por su parte, desde el PSOE han explicado que Podemos sabía «perfectamente» que la propuesta se iba a registrar. «Tenían el documento y al final deciden no firmarlo», han indicado desde el grupo que dirige Adriana Lastra.
La proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación del PSOE indica que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Prevé la creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que prestará asistencia y orientación a las víctimas, servirá de órgano de mediación y podrá iniciar de oficio investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación.
Contempla sanciones para las personas que incumplan la ley que van desde los 300 a los 500.000 euros en función de su gravedad y la recaudación obtenida por el cobro de las multas será invertida en la promoción de la sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación.
El texto contempla la creación de secciones especializadas en este tipo de delitos en el ámbito de las fiscalías provinciales y formación especializada en esta materia para los miembros del Ministerio Fiscal.
Establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.
