El PP ha empezado a apuntar hacia una persona que sigue en estos momentos muy en activo y con un cargo muy decisivo en el Gobierno de Pedro Sánchez: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia condenatoria por el caso ERE con una cifra escandalosa en materia de corrupción pura y dura: 680 millones de euros. Y ella, Montero, fue consejera bajo el mando directo del condenado por malversación y prevaricación José Antonio Griñán y del también condenado por prevaricación Manuel Chaves.
Además, mantuvo una posición privilegiada en el Gobierno andaluz bajo el mando de Susana Díaz. De hecho, con Díaz, María Jesús Montero ocupó el cargo desde el que debía haber solicitado la devolución del dinero defraudado, según la legislación. Y no lo hizo.
María Jesús Montero podía haber aliviado una gran parte del daño provocado por la inmensa corrupción de los 680 millones de euros de los ERE, según el sistema normativo. Y no lo hizo. No solicitó la restitución del dinero cobrado fraudulentamente. Y no lo hizo pese a que la legislación la designaba como la persona encargada de hacerlo: la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Montero formó parte de los dos Gobiernos salpicados por esa época de corrupción: fue consejera de Salud y Bienestar Social entre el 7 de mayo de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, con José Antonio Griñán como presidente autonómico. Griñán, el mismo que acaba de recibir la confirmación de la condena que lo lleva a prisión por malversación y prevaricación. Pero es que previamente —desde el 25 de abril de 2004 hasta el 7 de mayo de 2012— ocupó la cartera equivalente de Sanidad y Consumo, tocando años, por lo tanto, del mandato del también condenado por prevaricación Manuel Chaves.
Y Montero no acabó ahí su carrera de la mano del PSOE andaluz, ni mucho menos. Su labor y lealtad gustó y fue premiada: ocupó el cargo de consejera de Hacienda entre el 9 de septiembre de 2013 y el 6 de junio de 2018, ya con Susana Díaz.
Aunque esta última etapa de Gobierno no ha entrado en la Sala encargada del caso ERE, fue decisiva para recuperar el dinero de la corrupción. Cosa que nunca se hizo. Y era Montero la que debía haber reclamado la devolución de las subvenciones recibidas ilegalmente, según detallan las normas andaluzas.
Desde el PP no han tardado en recordar su papel decisivo en esta última fase: porque la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió no reclamar los 680 millones robados en los ERE. Y es que Montero era en las fechas en las que se adoptaron las primeras decisiones judiciales ahora plenamente confirmadas —2016 y 2017— la consejera de Hacienda.
Los equipos jurídicos del PSOE tomaron la decisión en 2016 y 2017 de combatir el proceso judicial del caso ERE. Esos equipos jurídicos tenían una dependencia obvia de la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz. Y es que hay que recordar que en aquel momento, esos equipos pidieron directamente el archivo de la causa penal e impidieron la reclamación de la devolución de los 680 millones de euros robados por la trama corrupta.
Pedro Sánchez también tuvo un papel importante en el apoyo a esas decisiones. Él ganó las primarias del PSOE en mayo de 2017 y decidió admitir como reacción a esa enorme caso de corrupción la omisión absoluta de respuesta: nada hizo para exigir la devolución de los 680 millones robados manteniendo el bloqueo a la recuperación de semejante importe.
Pero una persona cobró especial relevancia en esa operación de pérdida del dinero de los ERE: la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Porque la reforma legal andaluza de 2011 señala a la Consejería de Hacienda como responsable de decidir si se reclaman o no judicialmente los importes defraudados: y en aquellos años decisivos de 2016 y 2017 la consejera de Hacienda era la actual ministra de Hacienda.
El texto que reguló esta función del consejero de Hacienda es el «Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía». Esta norma destaca en su «disposición adicional primera, delegación de competencias» que «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en las personas titulares de las distintas Consejerías la competencia que se recoge en los artículos 41.1, 42.2, y 64.2 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, para autorizar o ratificar, en su caso, el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, así como el desistimiento y el apartamiento de éstas, por parte del Gabinete Jurídico». Entre esas decisiones se encuentra, efectivamente, la de reclamar el dinero en un caso de fraude como el de los ERE.
La disposición adicional lo aclara y añade que «todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al titular de la Consejería competente en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad«, que es, una vez más, la de Hacienda. La ocupada en aquellas fechas por Montero.
Desde el equipo de la ahora ministra de Hacienda siempre han desviado balones en este asunto, señalando que, como quedó recogido en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía del 12 de abril de 2018, el consejero de Empleo Carnero Sierra reconoció que la orden de autorización de personación fue otorgada el 8 de febrero de 2011 por el que era consejero en ese momento. Y, según esa versión, desde ese momento, el Gabinete Jurídico ostentaba la representación procesal de la Junta de Andalucía, y podía adoptar y realizar todas aquellas acciones jurídicas, procesales y procedimentales necesarias para la defensa de los intereses que representa y que le otorga el ordenamiento jurídico. El Gabinete de la ministra ya ha negado en otras ocasiones su responsabilidad y ha señalado que las decisiones como la reclamación civil de los 680 millones quedaban bajo la responsabilidad del equipo jurídico de la Junta de Andalucía y que no existió orden alguna de su parte. Pero la legislación es clara al respecto y la señala a ella como responsable de la no recuperación del dinero.
