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La nueva forma de hacer política en Colombia: tomar las armas para lograr el poder – La Gaceta de la Iberosfera

El 2 de octubre de 2016 marca un hito en la historia política de Colombia, pues, en plebiscito, la mayoría de quienes se presentaron a votar, decidieron rechazar el acuerdo de paz logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reconocida durante muchos años como grupo terrorista por la comunidad internacional. 

Fue algo inesperado, pues todas las encuestas indicaban un triunfo del sí, promovido por el gobierno y con amplio respaldo en el Congreso de la República. Sin embargo, pocas horas después iniciaron las conversaciones entre quienes asumieron la representación de quienes se movilizaron para respaldar la opción del NO y terminaron legitimando un nuevo acuerdo que se firmó en el teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre del mismo año.  

Gracias a lo allí contemplado, hoy las FARC tienen representación en la Cámara de Representantes (5 escaños) y el Senado de la República (5 escaños), a pesar de no haber logrado suficientes votos en 2018 para superar el umbral mínimo requerido del 3% del censo electoral a nivel nacional, que garantiza la obtención de la personería jurídica. Obtuvieron apenas 52.000 votos, el 0,34% de la votación al Senado y un resultado igual de pobre en la elección a la Cámara. 

Mantendrán esa representación en el Congreso de la República, independientemente del resultado electoral, hasta 2026 y se han articulado con otras fuerzas de la oposición y de manera especial con el partido “Decentes” que lidera Gustavo Petro, candidato que perdió en segunda vuelta presidencial contra Iván Duque y que hoy es senador de la República, gracias al estatuto de oposición que garantiza un escaño en el Senado para quien quede segundo en la elección presidencial y un escaño en la Cámara para su fórmula a la Vicepresidencia. 

Gustavo Petro militó en las filas de la entonces guerrilla del M-19 y después de la aprobación de la Constitución política de 1991 por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, donde este grupo armado subversivo, ya desmovilizado, logró la segunda votación y por lo tanto una de las tres presidencias. A partir de allí tuvo una carrear política meteórica que lo ha llevado a competir por la Presidencia como candidato del partido Polo Democrático en 2010, renunciar a ese partido y crear el movimiento “progresistas” con el que llega a ser Alcalde Mayor de Bogotá en 2011, y postularse a la Presidencia por el movimiento “Colombia Humana” en 2018. 

Muchos considerarán que se trata de un gran avance de la democracia colombiana, pues otrora dirigentes y comandantes de grupos guerrilleros hoy ocupan escaños en el Congreso, sin haber sido elegidos por la ciudadanía. Estas personas son responsables de los atentados terroristas de la mayor gravedad, como la sangrienta toma del palacio de justicia por parte del M-19 en 1985, la masacre de Bojayá en 2002 por parte de las FARC, la bomba al club El Nogal el 7 de febrero de 2003 por parte de las FARC.

Se ha marcado un camino a seguir donde el primer paso para lograr representación política en Colombia es tomar las armas. 

Pues bien, lo que empezó como un ejercicio de aparente protección frente a la reacción de las fuerzas del orden al momento de enfrentar la violencia de las manifestaciones que se desataron el pasado 28 de abril, luego de la presentación de un proyecto de reforma tributaria al Congreso por parte del gobierno nacional, pronto degeneró en la creación de un grupo de agresión a las fuerzas armadas y de policía hoy conocido como “primera línea”. De hecho, el Consejo de Estado aceptó una demanda contra el senador Gustavo Bolívar por financiar a este grupo, del que hay suficiente material audiovisual que prueba el entrenamiento que hace, incluso de menores de edad para poder enfrentar a la fuerza pública. 

Este grupo buscó acercamientos directos con el gobierno nacional y gobiernos locales en el marco del paro nacional y a mediados del mes de junio alegaron que el “Comité del paro” no los representaba. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, abrió una mesa de diálogo con ellos y aún así terminaron expresando que “no se negocia, se exige”. Pues bien, el pasado martes 20 de julio, han comunicado su intención de convertirse en partido político, para lo cual deberán cumplir todos los requisitos que exige la ley para dicho tránsito. De lograrlo, deberían cesar toda actividad violenta, bloqueo o movilización por fuera del marco constitucional y legal, pues de lo contrario estarían en un lindero muy difuso donde la subversión y la política pueden no diferenciarse. 

Lo grave del asunto, es que Colombia ha sufrido en los últimos años las consecuencias de una oposición violenta que busca presionar en las calles, con los bloqueos, con las agresiones a las fuerzas del estado, aquello que no logró en las urnas. Si los jóvenes de “primera línea” buscan cesar toda acción violenta y dar un paso para convertirse en partido político, excelente. Si, por el contrario, quieren mantener la presión violenta, los bloqueos y la agresión a la policía; transitarán por aquél sendero de la combinación de todas las formas de lucha que, tristemente, ha demostrado ser exitoso en Colombia y hoy garantiza escaños en el Congreso para quienes otrora ordenaron actos de barbarie y no han pasado una noche en la cárcel. 


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