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La nueva política de deportaciones será difícil de batallar en los tribunales

Habrá juicios, detenciones, manifestaciones. También conflictos entre el Gobierno federal y esas llamadas “ciudades santuario” -Nueva York, Los Ángeles o Chicago- que hacen la vista gorda con los inmigrantes sin papeles. Pero el corazón de las nuevas directrices de la Administración de Trump sobre las deportaciones será difícil de batallar en los tribunales, al menos, por el momento: la política de prioridad en la expulsión es una potestad presidencial y, además, los documentos publicados este miércoles no especifican los procedimientos de la puesta en marcha.

“Muchas partes del memorando que hemos conocido hoy hablan de que se tiene que crear un comité para ver cómo implementan las medidas, con lo cual es muy difícil llevarlo ante un juez, porque aún no se ha puesto en marcha. Lo que pasó con el decreto del 27 de enero [el que vetaba temporalmente la entrada a los llegados de siete países de mayoría musulmana] es que el Gobierno lo puso en marcha inmediatamente y se pudo parar. Ahora hay que ver cómo todo eso entra en vigor”, explica Rex Chen, miembro de Safe Passage Project, una asociación de abogados sin ánimo de lucro de Nueva York que ayuda a los miles de menores de edad que entran cada año solos y de forma irregular.

Las directrices conocidas este viernes mantienen la protección a los llamados dreamers, jóvenes que llegaron como niños a Estados Unidos y que han crecido en el país sin papeles. Pero Chen advierte de que “esto solo significa que aún no hay una decisión tomada al respecto, Trump dijo que era un asunto muy complejo y necesitaba tiempo, pero no se sabe aún qué hará”.

Faye Hipsman, del Instituto de Política Migratoria, una organización independiente para estudio de los movimientos migratorios, recalca que detener, en bloque, las nuevas directrices “es muy difícil, aunque probablemente veremos muchos litigios, porque el presidente es el que tiene la autoridad a la hora de fijar las prioridades en las deportaciones”. Hipsman coincide con Chen en que la situación de los dreamers, los que un día fueron niños migrantes, no está clara todavía.

El principal cambio de la guía de actuación de Trump es que es esfuerzo en la detención y expulsión de los inmigrantes sin papeles -se calcula que hay unos 11 millones en Estados Unidos- ya no son aquellos con delitos a la espalda, sino que “todo el mundo en situación irregular puede ser expulsado”.

Para aquellos en situación irregular que lleven menos de dos años en el país, además, se ha abierto la puerta a las expulsiones inmediatas, sin pasar por el tribunal. El problema de un extranjero sin papeles que sea detenido será poder demostrar que lleva más tiempo en Estados Unidos y para eso es necesario tener localizados rápidamente documentos que lo justifiquen. “No creo que tengan que llevar las pruebas encima todo el tiempo, pero sí es importante que sus familiares o amigos sepan muy bien dónde están y puedan entregarlos enseguida”, apunta Chen.

Llevar a cabo las deportaciones será costoso, de momento, el departamento de Seguridad Interior ha anunciado que contratará 15.000 nuevos agentes. William A. Stock, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, advierte de que “el incremento masivo en detenciones requerirá miles de millones en fondos que el Congreso tendrá que imponer a los contribuyentes”, y la falta de recursos para contratar a los jueces de inmigración y los agentes de asilo “significa que el sistema se volverá más lento y disfuncional”.

Algunas organizaciones sostienen que el giro en la política de deportaciones ya se empezó a ver en las últimas semanas. Hace dos, de hecho, una operación de cinco días por parte de la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias se saldó con centenares de detenidos en al menos seis Estados de todo el país.