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La patronal de Uber y Cabify se defenderá del taxi con la Constitución

No sería fácil estos días ocupar la piel de Damià Calvet. El ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat tiene sobre la mesa un asunto espinoso, el de la regulación de las licencias de alquiler de vehículos con conductor, las denominadas VTC, que implica a la vez a uno de los gremios más ruidosos y combativos de los últimos tiempos. El taxi, por supuesto. Este jueves se ha escrito un nuevo capítulo, más de calentamiento que de ejecución o decisión. La cosa gorda viene el viernes, cuando se supone que el Govern debe anunciar, o eso esperan los taxistas, si obliga a los clientes de Uber y Cabify a solicitar sus servicios con horas de antelación. Su muerte en vida, aunque dicen tener un plan: la Constitución.

Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las VTC, había convocado a la prensa para dar su punto de vista sobre la situación. Como telón de fondo, el real decreto aprobado el pasado septiembre por el Gobierno que permite a estas compañías trabajar durante cuatro años (con algo de prórroga, si fuera menester) antes de que la Administración competente empiece a retirarlas si lo cree conveniente. La entrada al Col·legi de Periodistes, donde debía departir, no ha sido pan comido. Le esperaban una veintena de taxistas que le han lanzado confeti y le han querido regalar un vale por un viaje gratis en taxi “para que desaparezcan para siempre de Barcelona”. “Solo saben recurrir a las amenazas y las coacciones”, ha dicho Martín, ya dentro del edificio.

‘No’ al chantaje

El presidente de Unauto ha admitido que la precontratación que defienden los taxistas supondría su práctica desaparición, y ha lamentado que Territori ceda “al chantaje” del taxi, gremio al que ha definido en repetidas ocasiones como “un monopolio”. “Ellos buscan nuestra desaparición, pero nosotros apostamos por la convivencia que ya hemos conseguido en Madrid, donde el taxi ha crecido un 19% en dos años”. José María Goñi, presidente de Uanuto en Catalunya y otrora presidente de la Federación Catalana del Taxi (no es el tipo más popular en el sector), ha explicado que, en caso de que el Govern apruebe los decretos que obliguen a precontratar el servicio de Uber y Cabify, la patronal ha encontrado una “rendija legal -no la ha querido concretar- que permitiría llevar la norma al Constitucional”.

Martín ha cifrado en 1.000 millones de euros la indemnización que deberían recibir por parte de la Generalitat las empresas que explotan VTC en Catalunya en el caso de que se les deje sin negocio. “Por no hablar de los 3.000 conductores y conductoras que se quedarían en la calle y ante los que el Goven debería dar la cara como hace por el taxi”, ha sostenido. “Asistimos una vez más al secuestro de Barcelona por parte de la facción más radical del taxi, que no duda en chantajear con boicotear algo que es de todos: el derecho a la movilidad“.

Sobre el escrache de los taxistas en la puerta, Goñi ha lamentado la “imagen del taxi que a menudo se ve perturbada por la actuación de un reducido número de taxistas que van más allá de los que la sociedad considera prudente”. También a la salida se les ha llenado de confeti y se les ha increpado durante un trayecto de unos 200 metros hasta un hotel cercano. No ha habido incidentes. Alberto Álvarez, portavoz de Elite Taxi, ha dado por hecho que Territori, como dice que les prometieron, aprobará la precontratación, pero esperarán a la reunión prevista para mañana en la ‘conselleria’ para determinar cuáles son los siguientes pasos a dar. En el caso de que no se les conceda lo que piden, el Mobile World Congress -y su posible bloqueo- están a la vuelta de la esquina.