La peste china: de Wuhan a Santiago

Por Juan García Vera.- El 12 de enero del pasado año 2020, como augurio del que sería un annus horribilis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública información procedente de las autoridades de salud de la República Popular China, sobre la presencia de 41 casos de pacientes afectados por el nuevo SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. El brote estaba vinculado a un mercado de pescados y mariscos en dicha ciudad, y con cierta renuencia a confirmar, el virus ya se estaba transmitiendo de persona a persona. A pesar de su alta contagiosidad, las primeras recomendaciones de la OMS fueron no restringir los viajes desde y hacia China, y menos restringir el comercio con dicho país.

Para la fecha, la OMS, presidida por el político socialista etíope Tedros Adhanom, quien carece de experticia en materia sanitaria (una importante diferencia con su antecesora, la médico hongkonesa Margaret Chan), ha mostrado una actitud complaciente con China, en cuanto al ocultamiento de cifras e información sobre este virus, lo que quedó patente por las autoridades de Taiwán (República de China), quienes habían informado a la OMS, el 29 de diciembre de 2019 sobre la existencia de este virus, y aún más sobre la altísima posibilidad de que ya estuvieran ocurriendo contagios masivos de persona a persona.

Ya todos conocemos, y vivimos en carne propia, el desastre que ha representado el “wuhanovirus” (o la “peste china”) para el mundo: dos millones de muertes y muchos millones más de contagiados y enfermos, de los que no sabemos a ciencia cierta qué secuela dejará este infame virus en su salud y sus vidas; y aun no siendo suficiente lo anterior, un fuerte golpe a la economía mundial que dejó una vez en evidencia las fragilidades de nuestro sistema económico.

En Chile, los primeros casos del “wuhanovirus” se registraron en el mes de marzo de 2020, fecha en que ingresaron al país, procedente del sudeste asiático y de Europa, por medio de turistas que venían contagiados. El brote se focalizó inicialmente en el sector oriente de la capital, Santiago, que concentra un alto poder económico, y la sureña comuna de San Javier, a unos 300 Km de Santiago. La respuesta del Gobierno, inicialmente, fue exhortar a las personas al autocuidado, sin tomar otras medidas preventivas necesarias. Sin embargo, rápidamente la “peste china” demostró su poder, obligando que a mediados de marzo se decretaran las primeras zonas de cuarentena en la ciudad capital.

Dichas cuarentenas fueron parceladas, no sólo se aplicaron de forma dividida de comuna en comuna, sino que dentro de una misma comuna (municipio) se podía tener sectores que sí estaban en cuarentena y otros que no. Se dieron casos irónicos donde vecinos de una misma calle tenían cuarentena y otros, por vivir en la vereda de al frente de estos no. Fue descaradamente obvio que la prioridad del Gobierno de Sebastián Piñera era la economía, ya tambaleante ante los hechos violentos de octubre y noviembre de 2019, y especialmente sus esfuerzos se centraron en mantener el status quo inalterado.

Pero la realidad sobrepasó la estrategia inicial del otrora ministro de Salud Jaime Mañalich. Exfuncionario repitiente en la cartera de salud en la segunda administración Piñera y artífice de momentos épicos en la pandemia, enfrentamientos con autoridades y medios así como, receptor de serios señalamientos hacia su estrategia de combate a la «peste china». Se enfrentó erráticamente al brote pandémico, que había encontrado en Chile, un perfecto caldo de cultivo, especialmente cuando el invierno austral estaba ad portas.

Las prioridades del ministro fueron las negociaciones con las clínicas privadas, el arrendamiento de espacios, el aumento de camas clínicas y, especialmente, la compra de insumos médicos que se hacían, en operaciones poco transparentes, con maletas de efectivo en diversas partes del mundo. Claro quedó que las autoridades administraban una empresa de retail y no un Estado caminando al filo de la catástrofe.

Para mayo de 2020, la burbuja del país imaginario ya había reventado, los casos nuevos bordeaban los 5000 y los fallecimientos se contaban por decenas día a día, pero faltaba un elemento para la ecuación del caos. Ninguna tabla de Excel ni programa estadístico (favorito en los gobiernos chilenos) pudo calcular y mucho menos ver la evidente pobreza existente en Chile, con una clase trabajadora desempleada y una clase media fuertemente endeudada; demostrando de manera contundente la desconexión ciudadana y su desprecio por la realidad de quienes ejercen el poder político. Las protestas se hicieron cada vez más frecuentes, la gente tenía hambre y necesidades básicas insatisfechas, lo que llevó al ministro Mañalich y a una acongojada y llorosa ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar (actualmente ministra de Desarrollo Social), a reconocer de manera vergonzosa que no conocían las odiosas cifras de pobreza en Chile.

Un cambio de gabinete, acorralado por la incertidumbre, y medidas más certeras como colocar a toda la capital en cuarentena más estricta, marcaron un cambio de rumbo en el crecimiento constante del brote pandémico. Para el mes de junio, la cartera de Salud pasaba a manos del Dr. Enrique Paris, quien tenía experiencia en Salud Pública y que, a diferencia de su antecesor, fue presidente del Colegio de Médicos y trabajó en hospitales públicos. El primer trabajo del ministro Paris fue transparentar las cifras de COVID, las cuales durante la gestión Mañalich estuvieron cubiertas de un velo de turbiedad que, hoy en día, se encuentran bajo investigación por parte Ministerio Público chileno.

Para el mes de agosto las primeras cuarentenas fueron levantadas, y para septiembre se había instalado el plan “Paso a Paso”, que clasificaba por nivel el grado de restricciones por localidad. La llegada de la primavera y la cercanía del verano austral mantuvieron una importante tendencia a la baja el número de casos nuevos. Pero, lamentablemente, la sociedad chilena no estaba preparada para la libertad en pandemia.

La llegada de la temporada navideña, y las escasas medidas restrictivas del Gobierno nacional fueron un nuevo germen para el caos. Un fuerte flujo de personas haciendo las compras del período, especialmente motivado por el controversial segundo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), desataron una ola de compradores desbocados por adquirir bienes. Las calles de las ciudades, centros comerciales y sistemas de transporte estaban atochadas de personas. Las autoridades nuevamente se jugaron la carta de la recuperación económica contra el debilitamiento de la salud pública nacional, en un intento de fortalecer un sistema económico que languidecía después del “estallido social” de 2019 y que fue rematado por el brote pandémico en 2020.

Pero 2021, más que mostrar un futuro prometedor, dejó clara la intención del Gobierno nacional de hacer a un lado las medidas preventivas y sólo esperar una pronta llegada de vacunas, en pro del crecimiento económico e incentivar así a sectores como el comercio y turismo, ya fuertemente golpeados. La creación de un permiso especial de vacaciones, por el período estival, es causa directa de un gran desplazamiento de veraneantes desde la capital hacia regiones, especialmente a las playas.

Ahora, el contagio pasó a viajar en buses y aviones atestados de veraneantes; replicando en apenas 21 días del presente año, el número de contagios se igualó a las peores cifras del año pasado y el porcentaje de ocupación de camas de cuidado intensivo (camas UCI), pasó de 85 % a 92 % en todo el país, y con más gravedad aún, hospitales regionales en Valparaíso, Osorno y Antofagasta alcanzaron el 100 % de ocupación.

Pero no toda la culpa recae en las autoridades, seamos claros en ello, la flexibilización de las cuarentenas demostró que la población chilena tiene una cuota de irresponsabilidad bien marcada a cuenta de exigir mayores y mejores derechos, contra una inexistente voluntad para cumplir con sus deberes ciudadanos. Las fiestas clandestinas, eventos masivos disfrazados de recreación y grandes reuniones de personas sin ningún control se multiplicaron por doquier, las llamadas “coronaparties” se iniciaron en la capital, ahora gracias al permiso de vacaciones, se extienden por el borde costero. Frases como “el derecho al oxígeno”, “el derecho a las vacaciones” y “el derecho a la libertad” pasaron a formar parte del ideario lingüístico local y se ha hecho una constante a invocar en el verbo por los evasores de los controles sanitarios para justificar su actuar. No es difícil concluir que gran parte de la sociedad chilena moderna se siente con derecho a todo pero desconoce el sentido de contraprestación de estos. Tanto el Gobierno como una parte importante de la población tiene puestas sus esperanzas en una rápida vacunación; sin embargo, el dilema de la última cama es una sombra que yace sobre el país y que, ineludiblemente, será la próxima decisión a confrontar.