La picaresca reina en Italia, donde hay personas que acumulan pisos oficiales

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En Roma existen 71.000 viviendas públicas, un cuarto de las cuales son del ayuntamiento y el resto de un ente público (ATER). No interesan a ningún fondo de inversión, sea nacional o internacional. Estos últimos han entrado solo en los centros de las capitales, donde los precios son muchísimo más altos.

Pueden acceder a las viviendas sociales tanto los ciudadanos italianos, como los europeos y los extraeuropeos regularizados, así como las personas que por alguna razón tengan protección internacional según los criterios de la ONU. También tienen derecho a una vivienda de protección oficial quienes se encuentren en alguna zona que haya sufrido alguna catástrofe natural. Para todos es condición indispensable que no posean una vivienda de propiedad en otro lugar de la península.

Para poder beneficiarse de una vivienda de este tipo la renta anual de la persona o de su núcleo familiar debe ser inferior a los 17.154,30 euros. Los solicitantes pueden ser titulares también de rentas mobiliarias (acciones, deuda pública) por un valor inferior a los 35.000 euros, a condición de que, sumados a la renta, no superen un cierto coeficiente (ISEE).

Situación de los solicitantes

Los concursos para obtener una vivienda social se realizan dos veces al año y los lleva a cabo el ayuntamiento, que registra a los solicitantes sobre la base de un índice gradual que depende de la situación del solicitante. En el caso de Roma se adjudican anualmente entre 500 y 700 viviendas sociales.

El alquier medio de estas viviendas es 90 euros mensuales, según ilustra la Unión de los Inquilinos (UI). Los ciudadanos que no disponen de ninguna renta, pagan 7,5 euros al mes. En UI añaden que se trata de importes indicativos, ya que el alquiler exacto se determina no solo sobre la base de la renta, sino también de “las características del solicitante y las del estado del apartamento”. Los citados importes pueden variar mínimamente de una región a otra, ya que los criterios los fijan las autonomías.

Massimo Pasquini, secretario nacional de la UI, ilustra que “dos terceras partes de los inquilinos de las viviendas públicas dispone de una renta que no les permite pagar un alquiler que supere los 40 o 50 euros”. Los que disponen de una renta superior pagan el 13% de sus ingresos para el alquiler.

Hasta aquí son las condiciones oficiales que marcan las leyes, pero hay situaciones problemáticas que surgen de la picaresca. Hay personas que no pagan ni tan siquiera el alquiler mínimo (la morosidad se sitúa entre el 10% y el 14%), están los que disponen de una vivienda propia y viven en una pública; los que acaparan viviendas públicas para cada miembro de la familia y los que se aprovechan de apartamentos deteriorados, que oficialmente resultan inhabitables, pero que en realidad lo son. Una señora que vivía en pleno centro de Roma en un piso que había sido de su abuela, ya difunta, entregó sin más las llaves a la guardia municipal cuando llamaron a su puerta. “No lo necesito”, les dijo al marchar.

9.000 ocupaciones ilegales en Roma

Luego vienen los okupas. Según Rosalba Castiglione, consejera para el Patrimonio y las Políticas de Vivienda de Roma, en la capital de Italia había, a fines del pasado diciembre, 9.000 ocupaciones ilegales, entre las que se encontraban 2.000 ciudadanos “cuyas rentas les permitirían encontrar un piso de alquiler a precio de mercado”. Después están también los muertos, que fueron titulares de una vivienda pública y que siguen ‘viviendo’ a través de nuevos inquilinos que no denunciaron su defunción. Se trata de 1.600 apartamentos asignados a personas que ya no existen. Se estima que un 20% de las personas que residen en estas viviendas las ocupa ilegalmente. A día de hoy la lista de espera suma 11.500 personas o núcleos familiares.

Con el Porsche a la puerta

Los indignados del Movimiento 5 Estrellas (M5S), lejanamente parecidos a Podemos,  que administran la capital desde hace dos años y fue precisamente en las zonas más degradadas donde obtuvieron más éxitos electorales, se han puesto a la labor. Con el objetivo de sanear esos barrios, han realizado un censo sobre la vivienda pública y las periferias. Al final del mismo y como ejemplos más exagerados de la picaresca, la alcaldesa Virginia Raggi ha explicado haber encontrado a una señora titular de 18 viviendas públicas, a una familia con un Porsche aparcado debajo del edificio y a otros titulares con rentas anuales de entre 70.000 euros y 90.000 euros.

El 76,6% de las familias italianas, sobre un total de 24 millones de núcleos, viven en viviendas de su propiedad. En alquiler viven 4,7 millones de familias en todo el territorio nacional, cifra que ha aumentado en los últimos años, cuando muchas personas, en su mayoría de rentas medio-bajas, han tenido que optar por un alquiler “de necesidad”, según informa el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Más de una tercera parte de las viviendas nacionales tiene más de 50 años de vida y el 56,7% no dispone de ninguna medida de ahorro energético.