La ministra de Igualdad celebró el indulto de María Sevilla -condenada a dos años y cuatro meses de prisión por secuestrar a su hijo-, asegurando que con esta decisión «se salda una deuda con las madres protectoras«. Irene Montero obvia, sin embargo, que, además de que la Justicia haya absuelto a su expareja de todas las denuncias falsas que interpuso contra él, Sevilla era la presidenta de Infancia Libre, una asociación en la que se gestaron decenas de casos con el mismo modus operandi.
Tras su detención, la Policía llegó a tomar declaración a más de 50 hombres cuyos hijos habían sido secuestrados por sus exparejas siguiendo exactamente el mismo patrón. El testimonio de todos esos padres dio lugar a un extenso informe de más de 200 páginas en el que la Unidad Adscrita de la Policía Judicial de Plaza de Castilla concluye que dicha asociación -que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada tanto al Congreso como al Senado- funcionaba, en la práctica, como una «organización criminal«.
Tras horas de entrevistas, los agentes comprobaron que todos los casos seguían las mismas pautas: por un lado, se generaban informes psiquiátricos falsos prácticamente iguales y, por otro, se interponían denuncias por abusos sexuales que la justicia terminaba demostrando inexistentes, con el objetivo de mantener a los padres alejados de sus hijos.
El mismo psiquiatra y la misma abogada
Finalmente, en el informe que se presentó ante la Fiscalía se detallaron 20 casos, aquellos en los que no había lugar a dudas de su relación directa con Infancia Libre. En todos ellos, las madres asesoradas por Infancia Libre se apoyaban en los mismos profesionales médicos y jurídicos.
Concretamente, según apunta el ya mencionado informe policial, en el psiquiatra Antonio Escudero, que incluso habría denunciado personalmente a alguno de los padres sin prueba alguna, y en la abogada y exjuez Carmen Simón, la encargada de interponer los recursos y denuncias falsas para obstruir la acción de la Justicia.
Además, los agentes apuntan que las madres que secuestraron a sus hijos también habrían utilizado una infraestructura común para permanecer escondidas y al margen de la Justicia. No en vano, varias de ellas estuvieron en busca y captura mucho tiempo sin que nadie fuera capaz de encontrarlas.
El secuestro de María Sevilla
María Sevilla tuvo a su hijo escondido durante dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) sin escolarizar y sin ver prácticamente la luz del sol hasta que la Policía Nacional dio con su paradero. Durante ese tiempo, el niño tampoco había pasado ningún control médico, por lo que acumulaba varias vacunas sin poner.
Tal y como revelaron los agentes que le rescataron, la casa se encontraba en condiciones insalubres y estaba repleta de inscripciones bíblicas. De hecho, cuando se llevaron al pequeño, Sevilla no dudó en gritarle: «Recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar«.
Al mes de su detención, la Policía arrestó a otras dos madres directamente relacionadas con Infancia Libre: Patricia González, acusada de saltarse reiteradamente el régimen de visitas, y Ana María Bayo que, al igual que Sevilla, llevaba dos años ocultando a su hija de su expareja. Poco después, los agentes arrestarían también a Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de Infancia Libre, y que también habría retenido presuntamente a su hija, obviando numerosas resoluciones judiciales.
