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La presión separatista obliga a ERC a hacer equilibrios en la cumbre hispano-francesa

La cumbre hispanofrancesa del 19 de enero en Barcelona llega en un momento delicado para el Govern de Pere Aragonès, en plena discusión sobre los presupuestos y bajo la presión de buena parte del independentismo, que ha convocado una movilización de protesta que obligará a ERC a hacer equilibrios.

Estas son las claves políticas en Cataluña de la cita del jueves en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que protagonizarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron:

Una de las paradojas de la jornada será el reparto de papeles acordado en la cúpula de ERC: mientras el presidente catalán, Pere Aragonès, que además es coordinador nacional del partido, esté estrechando la mano de Sánchez y Macron, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, estará en los alrededores del museo, participando en la protesta convocada por las entidades independentistas.

El argumento que esgrimen en el Palau de la Generalitat es que es imprescindible la presencia institucional de Aragonès en la cumbre para no dejar la representación catalana en manos de la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay, por incomparecencia del ejecutivo catalán, y eso no lo consideran incompatible con acudir a la protesta, para reivindicar que el «procés» sigue vivo.

El papel de Aragonès en la cita será fundamentalmente protocolario ya que la cumbre la protagonizarán Sánchez, Macron y sus ministros, por lo que el presidente de la Generalitat se ha apresurado a enviar por carta a la Moncloa una lista con 11 puntos que pide que sean abordados en este encuentro internacional.

Se trata de once cuestiones que afectan directamente a Cataluña, estructuradas en tres bloques -gobernanza, infraestructuras y temas transfronterizos- y entre las que destacan, por ejemplo, el impulso de la macrorregión mediterránea, apoyo a la solicitud de oficialidad de la lengua catalana en las instituciones europeas, conexiones ferroviarias o proyectos de infraestructuras como el H2Med.

Enfrente del MNAC, junto a las Columnas de Puig i Cadafalch en Montjuïc, la ANC, Òmnium Cultural y el Consejo de la República -el espacio que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica- esperan reunir a miles de personas para expresar su rechazo a una cumbre que tildan de «provocación», porque entienden que, con ella, Sánchez pretende escenificar que el «procés» ha muerto.

«Aquí no ha acabado nada. Independencia, Países Catalanes, fin de la represión» es el lema escogido por las entidades independentistas convocantes, entre ellas la ANC, cuya presidenta, Dolors Feliu, ha presionado públicamente a Aragonès para que no asista a la cumbre porque sería «absolutamente contradictorio» con manifestarse fuera.

Será una concentración de alto riesgo para ERC, teniendo en cuenta los precedentes más recientes: en la última manifestación de la ANC por la Diada se escucharon consignas contra el Govern de Aragonès por frenar el «procés» y, en la celebración del quinto aniversario del 1-O, hubo abucheos hacia los representantes de Esquerra.

La cumbre llegará marcada por la incertidumbre en torno al futuro judicial de los líderes independentistas condenados en 2019, tras entrar en vigor la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, sustituido por «desórdenes públicos agravados», y que reduce asimismo algunas penas del delito de malversación, lo que obligará al Tribunal Supremo a revisar la sentencia del «procés».

El juez Pablo Llarena quiere aplicar a Puigdemont la derogación de la sedición, manteniendo su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión, pero el nuevo auto de procesamiento sí permite el regreso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí sin exponerse a penas de prisión.

Más allá de las estrategias judiciales divergentes de Puigdemont y ERC, hay otra cuestión que puede ahondar la brecha entre JxCat y el Govern en las próximas semanas: los presupuestos catalanes para este año, que Aragonès quiere dejar atados con el PSC de Salvador Illa, antes de que la precampaña de las elecciones municipales de mayo agudice aún más el pulso entre las fuerzas políticas catalanas

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