La rebelión, un delito que no es para pacifistas

El delito del que, en principio, va a ser acusado el destituido president de la Generalitat, Carles Puigdemont, está vetado para los pacifistas. Se trata de un tipo penal que requiere el uso de la violencia, porque así se dispone en la redacción del Código Penal vigente, el que aprobaron las Cortes en 1995. Ahora bien, la Fiscalía General del Estado va a presentar mañana una querella contra Puigdemont en la que, salvo cambios de criterio de última hora, le considera responsable de un delito de rebelión. Y junto a él, a los miembros de su Govern y a los integrantes de la Mesa del Parlament que permitieron aprobar la declaración unilateral de independencia (DUI). En la querella inicialmente redactada, se estimaba que todos ellos, aunque no hayan incurrido directamente en hechos violentos, han observado una conducta y han desarrollado una estrategia política que sí ha permitido inducir a su comisión.

La Fiscalía, en todo caso, está bajo toque de queda desde el pasado viernes. Cabe la posibilidad de que la querella no esté recibiendo solamente los últimos repasos de chapa y pintura, sino que experimente cambios más o menos sustanciales. ¿Le conviene al Gobierno una estrategia rigorista en puertas de una campaña electoral en Catalunya? ¿No le estaría haciendo un favor político a los perseguidos? Mañana se comprobará si, al final, el encontronazo institucional se produjo dentro del área, o fuera, y ya no es ­penalti, sino un lanzamiento procesal indirecto, que deje la rebelión en sedición, por ejemplo.

Cuevillas, abogado de Puigdemont, niega delito en declarar la independencia

En todo caso, mientras se siga hablando de rebelión, ¿qué pena podría corresponder a los querellados? La que prevé la ley llega hasta los 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias que se aprecien. Si se considera que ha existido el delito, el hecho de haber incurrido en él desde un cargo público tan relevante como la presidencia de la Generalitat no contribuye precisamente a atenuar la responsabilidad.

Ahora bien, en un proceso penal como el que está a punto de empezar, nada se da de entrada por demostrado sin más ni deja de discutirse. El letrado Jaume Alonso Cuevillas, que ejercerá la defensa de Puigdemont y los consellers del PDECat, estima que carece de sentido hablar de rebelión en este caso. Sobre todo, por la ausencia del mencionado requisito de la violencia.

El artículo 472 del Código Penal establece, en efecto, que incurren en este delito “los que se alzaren violenta y públicamente” para siete supuestos o fines. Entre estos propósitos figuran el de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” y el de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

La redacción de este artículo tuvo un protagonista destacado, Diego López Garrido, en su condición de entonces, como diputado de IU. “El requisito del uso de la violencia –ha declarado a La Vanguardia– lo introduje yo mediante una enmienda negociada con el PSOE, cuyo portavoz era José María Mohedano”. El objetivo era definir mejor el tipo penal y hacerlo de modo que exigiera el empleo de métodos violentos para ser identificado. Como trasfondo, se buscaba el consenso en la órbita de la izquierda parlamentaria, y también con los nacionalistas que, empezando por el PNV, apoyaron la enmienda.

El letrado Fuster Fabra cree que cabe hablar de violencia por inducción

La consecuencia de que la redacción se cerrara así es, a juicio de Cuevillas, que “no hay un tipo penal específico y proporcionado ante una declaración de independencia”. En la misma línea, el ­abogado penalista Emilio Zegrí considera que la ley persigue a quienes se alcen “violenta y públicamente”, por lo que deben concurrir ambas circunstancias. Si no se dan, no se cumplen las previsiones legales. Igual de contundente es el letrado Andreu Van Den Eynde, que defenderá a Oriol Junqueras y los consellers de ERC, y para quien “ni la acusación de rebelión ni la de sedición se aguantan por ninguna parte”. Y se anticipa a otro debate, sobre la posible relevancia penal de la permanencia del Govern como delito de usurpación de funciones, si sus miembros no aceptan su cese. “No habría usurpación alguna –dice– porque no estarían suplantando a nadie”.

Desde una perspectiva opuesta, el letrado José María Fuster Fabra estima que “hay base para presentar una querella por rebelión”, porque en ese precepto penal se persigue proclamar la independencia de una parte del territorio, “y eso se ha producido”. Fuster Fabra añade que “la violencia puede apreciarse por inducción”, y subraya que “se asaltaron los vehículos de la Guardia Civil en la Conselleria d’Economia, ha habido agresiones a policías y ataques a guardias civiles”. A su juicio, a lo largo del proceso la discusión estará centrada en demostrar que existe una relación entre “las proclamas” políticas y esos actos de violencia.

En esta línea, Faustino Brañas, responsable estatal de los servicios jurídicos de la Unión de Guardias Civiles y licenciado en Criminología, dice que el delito de rebelión “suena muy fuerte y es muy especial y muy específico”, pero “puede apreciarse”, a pesar de los “intentos de desvirtuarlo, al evitar Puigdemont, por ejemplo, salir al balcón a proclamar la república y recurrir en su aprobación al voto secreto”.

Este dato no es irrelevante, y habrá que ver en qué se traduce en la querella. Y es que hubo cinco consellers –Borras, Mundó, Ponsati, Forn y Serret– que no participaron en la votación para aprobar la declaración de independencia porque no son diputados. Ese específico requisito del tipo penal, por tanto, no lo cumplieron.

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