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La reforma del delito de sedición supera el primer trámite en el Congreso

La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición ha superado el primer trámite en el Congreso al haber sido aprobada su toma en consideración en una inusual votación a viva voz y diputado por diputado, fórmula a la que ha forzado el PP con el objetivo de que los socialistas se «retrataran», aunque sin éxito, ya que los diputados socialistas votaron ‘sí’ sin fugas de votos.

La votación se celebró a medianoche tras un bronco debate – en el que el Gobierno estuvo ausente – por las duras críticas al texto que han llegado desde PP, Vox y Ciudadanos, que consideran que está hecho a medida para los líderes independentistas catalanes implicados en el «procés».

El PP forzó que la votación fuera por llamamiento, es decir, diputado a diputado y a viva voz, para que cada parlamentario socialista manifieste su voto en público con idea de retratarlos. Si bien, los socialistas han respetado la disciplina de voto de su grupo parlamentario. El resultado ha sido el siguiente: 187 a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

Se trata de una votación muy inusual, ya que esta fórmula solo se emplea para mociones de censura, cuestiones de confianza o debates de investidura; se hizo también, por ejemplo, con la ley de abdicación en 2014, cuando el rey Juan Carlos abdicó en su hijo, Felipe V.

Tras la votación, esta iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria, que continuará después con la presentación de enmiendas de totalidad y luego al articulado, proceso en el que podrían registrarse enmiendas para modificar también el delito de malversación, como quiere ERC.

Gamarra carga duramente contra Sánchez

El debate, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha producido en ausencia del Gobierno, lo que ha sido objeto de reproches, y sólo a mitad del mismo se ha podido ver en la bancada del Ejecutivo a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en el momento de la votación se han ido incorporando algunos ministros.

«Es un traje a medida de los sediciosos para que sus actuaciones queden impunes», ha afirmado Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, en su turno de palabra en el debate del delito de sedición, en el que ha cargado duramente contra Pedro Sánchez.

Según Gamarra, el Gobierno «entrega» el Código Penal a los independentistas en lo que ve como un «paso más» para el desmantelamiento del Estado, que conduce al «debilitamiento» del Estado de derecho.

El PP defiende que la reforma que propone el Ejecutivo contribuye a la «hoja de ruta» de los secesionistas hacia la «impunidad», lo que conllevará el «borrado» de todo lo que ocurrió durante el procés.

PSOE y Unidas Podemos, por su parte, han defendido su propuesta para adaptar el Código Penal a los «estándares europeos» y han reivindicado la apuesta por el diálogo y la convivencia del Gobierno en Cataluña frente a la «cultura del no por bandera» del Partido Popular.

También agresiva ha sido la intervención del diputado de Vox Javier Ortega-Smith, para quien la propuesta sólo busca «facilitar la vuelta de los cobardes fugados», como el ex presidente catalán Carles Puigdemont, mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de hacer «Códigos Penales a medida de los delincuentes» y de defender a «cuatro señoritos nacionalistas que llevan toda la vida viviendo muy bien a costa del ‘procés».

De «Reforma Sánchez-Aragonés» -en referencia al presidente del Gobierno y al de Cataluña- ha catalogado Josep Pagès, de JxCAT, una propuesta «que salva a unos pocos» y que pone en peligro el derecho de protesta, y ha dejado claro que no van a ser «los tontos útiles» que la avalen.

Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado que la reforma sea una concesión a su partido ni al independentismo y ha dicho que con ella se le pone «un poco más difícil al juez o jueza facha de turno (…), quitando el juguete a jueces fascistas», una expresión que le ha recriminado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Rufián se ha dirigido a JXCAT, sin nombrarlo, para instarles a que sean parte de una solución y no del problema y a que, como ha hecho ERC, ayuden «desde Madrid» a sacar adelante leyes que han salvado la vida a millones de personas en la pandemia.

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha visto en esta reforma una medida «positiva» para «desjudicializar» el conflicto político de Cataluña y «sacar de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos».

No ha gustado, sin embargo, la propuesta a la CUP, que se ha abstenido al considerar que corre el riesgo de penalizar el derecho de protesta, en línea de otros partidos como BNG o PdeCAT.