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La sentencia sobre los ERE del PSOE de Andalucía se conocerá «en las próximas semanas»: Griñán, ante el abismo

La sentencia sobre los ERE del PSOE de Andalucía que dictará la Sala Penal del Tribunal Supremo se conocerá «en las próximas semanas». Los magistrados dejaron apartada dicha sentencia a la espera de que se celebraran las elecciones andaluzas de este domingo para «no interferir» en el resultado.

El Supremo organizó en mayo una vista pública sobre los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el reparto ilegal de 679 millones de euros entre los años 2000 y 2009 como ayudas al empleo con «un absoluto descontrol». La Fiscalía ya solicitó que se confirmen las 19 condenas, entre ellas, las de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el objetivo del Supremo es dictar sentencia sobre los ERE «antes del verano». «Previsiblemente, el fallo se conozca en las próximas dos o tres semanas. No obstante, si algún miembro del tribunal plantea un voto particular a la ponencia del magistrado Eduardo de Porres, la sentencia se podría retrasar. Todavía no ha comenzado la deliberación», añaden.

Recordamos que el tribunal que debe los recursos sobre los ERE en el Supremo está integrado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente de la sentencia).

José Antonio Griñán fue condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por delitos de malversación de fondos y prevaricación. Por su parte, Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por otro delito continuado de prevaricación. En prisión también ingresarían los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, mientras que sobre Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez pesan 9 años de inhabilitación.

Cabe destacar que la sentencia sobre los ERE podría coincidir en el tiempo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial CGPJ. En el caso de que el Supremo, ratifique la condena a Griñán de la Audiencia Provincial de Sevilla, el expresidente socialista andaluz podría ingresar en prisión antes del verano.

Griñán argumentó en su recurso presentado ante el Supremo que se dio una aplicación indebida de la tipificación de los delitos de prevaricación y malversación; que hubo error en la apreciación de la prueba, falta de claridad en los hechos probados, una «manifiesta contradicción» en la propia sentencia, lesiones a los derechos a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a la tutela judicial y presunción de inocencia.

Por su parte, Manuel Chaves indicó en su recurso que hubo una aplicación indebida de la tipificación de prevaricación, pues la sentencia condenatoria le achacaba que como presidente de la Junta «participó en el dictado de unas ‘resoluciones’ que se califican como prevaricadoras», en relación a los acuerdos del consejo de gobierno para los anteproyectos de Ley de presupuestos autonómicos y su elevación al Parlamento andaluz, con las partidas presupuestarias de las que se nutrieron los ERE y ayudas indagadas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE indicaba que los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, eran en cada uno de los casos «plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos» en que participaron.

En el caso de Griñán, apuntaba el fallo, que «la presupuestación de gastos ficticios», en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, «evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios».

En el caso de Chaves señalaba la Audiencia de Sevilla que «como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009″, así como le atribuía que como presidente del Consejo de Gobierno «participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento».

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