La cúpula de la trama del Tito Berni denominaba a los ingresos conseguidos por medio de las gestiones del general Espinosa como «contratos» con «el Ministerio». De hecho, utilizaba la denominación «Ministerio» y «Fundación» como sinónimos, dando por hecho que los contratos los conseguían por la influencia del general, conocido como Papá dentro la trama, y que el dinero era concedido por departamentos del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Fundación cuenta con 14 secretarios de Estado en su patronato, los ministros Pilar Llop y José Manuel Albares y la vicepresidenta Nadia Calviño como cabeza de la entidad. Con ese conglomerado plenamente representativo del Gobierno de Pedro Sánchez lograron contratos empresas de la trama y aseguraban que eran negocios con «el Ministerio».
Los negocios en África de Pepe ‘el Drones’
Una de las conversaciones interceptadas por la Policía Judicial en el caso Tito Berni ha sido destacada por los propios investigadores porque los términos utilizados son representativos de la altura política a la que se movía la trama presuntamente corrupta. En esa conversación uno de los empresarios, en concreto, el conocido como Pepe el Drones —Suárez Esteve— alude a los negocios obtenidos en «África» por medio de la Fundación Internacional Iberoamericana y gracias a la mediación del general Espinosa como «contratos con el Ministerio». El uso de la palabra «Ministerio», de hecho, se identifica plenamente con el del término «Fundación», dando la sensación de que, realmente, identificaban a los contratantes como departamentos del Gobierno socialista.
La transcripción de la conversación por parte de la Policía Judicial lo deja claro: «Por otro lado, resulta igualmente relevante la información que Suárez Esteve le reveló a
Navarro Tacoronte [el conocido en la trama como Mediador] cuando, abordando precisamente el asunto de los contratos públicos, le dijo: Todo lo que hago con África a través del Papá…». El Mediador confirma la frase con un «sí». Y el empresario prosigue desvelando un «contrato que tengo ahí metido con el Ministerio», momento en el que lo identifica con «la Fundación». De nuevo, el Mediador asiente con naturalidad.
La propia investigación subraya la importancia de este término y el señalamiento del «Ministerio» y aclara en su informe que «a fecha de hoy, por fuentes abiertas, no es posible disponer de más información que apunte hacia una influencia o supuesto trato de favor por parte del general hacia las empresas». No obstante, «en vista de cuanto se denuncia en este procedimiento, la cronología de los hechos y el contenido de los audios, se considera necesario el acceso a otras bases que pudieran aportar más indicios reveladores de supuestos amaños en dicha actividad contractual».
Además, «la experiencia en este campo donde se investiga la corrupción vinculada a la contratación pública, pone de relieve un amplio abanico de casuística, en tanto en cuanto el funcionario en cuestión torticeramente puede asesorar y/o favorecer a un licitador concreto: anticipo de información privilegiada, adelanto e incluso elaboración de pliegos ad hoc, concierto para ofrecer una versión falsa de competencia entre empresas, etc». Y, precisamente por ello, el informe señala que «convendría continuar con el análisis de los mentados contratos públicos, para lo cual resultaría preciso acceder al expediente completo, a las comunicaciones obrantes en los dispositivos telefónicos e informáticos de los investigados, así como a otro tipo de documentación o anotaciones».
Hay que recordar que el general Espinosa mantenía una coordinación plena con la Fundación Internacional Iberoamericana —dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez—. La vinculación durante su etapa de destino en el Sahel, de hecho, se materializó en la dependencia directa de la Fundación y en el cobro de una nómina mensual que llegó a superar los 9.700 euros en alguno de los pagos, como recoge la documentación en poder de la Justicia. Pese a ello, el general asegura que él no disponía de capacidad para influir en la concesión de contratos públicos.
Cuatro contratos en el Sahel
Todo ello, mientras el Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife investiga ya cuatro contratos en el Sahel, pagados por la Fundación, y por un importe global de más de dos millones de euros. El Juzgado tiene clara la importancia de la recopilación de los bienes del general inmerso en la trama del Tito Berni en distintos países de Europa y África. Igualmente ha reclamado la misma investigación de los bienes de su familia —mujer y dos hijos— ante la sospecha de que contratos firmados y pagados por la Fundación Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez —en cuyo patronato se encuentran Nadia Calviño, Pilar Llop, José Manuel Albares y 14 secretarios de Estado— tuvieran una mediación del mencionado general y se saldaran con una comisión para él.
