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La UCO afirma que el Gobierno del ministro Torres fabricó facturas a posteriori para justificar las mascarillas del PSOE

La ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no rechistó cuando le llegaron al Gobierno socialista de Baleares las mascarillas fake de la trama del PSOE. Es más, las guardó y más tarde cargó su coste a los fondos europeos. Y en Canarias, el ahora ministro Ángel Víctor Torres, entonces, igual que Armengol, presidente regional, decidió elaborar a posteriori los contratos para aceptar el producto llegado de la principal empresa de la trama de comisiones de los socialistas en plena época del covid.

La UCO plasma esta conclusión en el sumario del caso Koldo. «Según la información obrante en la página web, fue adjudicado con fecha 22 de abril de 2020, [el contrato] cuyo objeto era la «adquisición de mascarillas protectoras FFP2 destinadas a los hospitales del Servicio Canario de la Salud por emergencia sanitaria Covid19 por importe de 4.775.500 €», señala la unidad de la Guardia Civil.

De hecho, tal y como muestra el sumario, en la propia web se especificó que dicho importe se correspondía con la entrega de 1.910.200 mascarillas. Además, «la documentación analizada en lo que atañe a esta adjudicación hace referencia a las entregas de mascarillas realizadas por Soluciones de Gestión con fecha 22, 25 y 28 de abril de 2020 (un total de 2.750.000 unidades), es decir, entre la documentación aportada por el Servicio Canario de Salud en referencia a este expediente en concreto, no figura que Soluciones de Gestión haya hecho entrega de más mascarillas aparte de las entregadas en el mes de abril».

La UCO asegura que, «adicionalmente, se ha observado un documento en el que se autoriza el pago de esos 4.775.500€ en base a dos facturas de fecha 7 de mayo de 2020, si bien, tal y como se ha expresado anteriormente, la página web de contratación refleja el 5 de junio de 2020 como fecha del acuerdo para la adjudicación a Soluciones del suministro de mascarillas por importe de 4.775.500€«.

La UCO tiene claro el origen de estas diferencias: «Por ello se infiere que Soluciones hizo tres entregas de mascarillas (los días 23, 25 y 28 de mayo de 2020) con un sumatorio de 2.750.000 unidades con un importe total de 6.875.000 €, correspondiendo estas unidades y este importe con el pedido realizado por el Servicio Canario de Salud con fecha 22 de abril de 2020, tal y como ha quedado acreditado en la documentación analizada».

Posteriormente la revisión de esas mascarillas «detectó que algunas de ellas no correspondían en calidad con el rango de protección FFP2 que deberían haber tenido». Y, pese a todo lo anterior, «en base a la documentación oficial que obra en la página web de contratación del estado, lo que la realidad indica es que para el cumplimiento de ese pedido se adjudicaron dos contratos, el DGRE/COVID/2020/RES.214520; 1276-21 (por importe de 2.095.018,5 €) y el DGRE/COVID/2020.32 (por importe de 4.775.500€)», lo que arroja un «sumatorio de estos dos contratos de 6.870.518,50 €, cifra prácticamente coincidente con el pedido que inicialmente realiza el Servicio Canario de Salud a Soluciones (6.875.000 €).

Traducido: «En base a todo lo anterior cabe afirmar que Soluciones entregó las mascarillas en base al pedido realizado por el Servicio Canario de Salud, que una partida de esas mascarillas salió defectuosa y hubo que negociar nuevos importes más baratos, y que posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente», señala la UCO.

Por lo tanto, según el sumario, se incumplió «expresamente con los requisitos reflejados en la Ley, y es que al no haber sido posible observar ningún documento (comunicación vía e-mail, contrato, etc…) que refleje el acuerdo entre las partes, no se puede encontrar explicación al hecho de que en primera instancia se realizara un pedido de 2.500.000 mascarillas a Soluciones por importe de 6.875.000 €, pero finalmente se facturasen 3.302.300 mascarillas por un importe de 6.870.518,50€ sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia (802.500 unidades) por parte de Soluciones o que se hubiera producido un cambio en el acuerdo inicial».