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La UCO monitorizó los vehículos del ‘escudero’ de Ábalos y de otros 4 investigados de la trama durante más de un año

Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) monitorizaron los vehículos del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García y de otros 4 investigados de la trama durante más de un año.

Fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital apuntan que «la UCO intervino las comunicaciones telefónicas y telemáticas, así como utilizó dispositivos técnicos de seguimiento y localización para balizar los automóviles y motocicletas utilizados como medio de transportes por los principales investigados».

Concretamente, se monitorizaron todos los movimientos y comunicaciones de Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021; Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, investigado como presunto «comisionista»; José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023; Juan Carlos Cueto, empresario considerado el ‘cabecilla’ de la trama; e Iñigo Rotaeche, titular de la principal sociedad investigada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que «durante la investigación se han conseguido reunir numerosos indicios contra los investigados y contra otras personas, que aún no han sido imputadas oficialmente. Este hecho propició que la Fiscalía Anticorrupción considerase no procedente solicitar al titular de Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la prisión provisional para los 4 investigados por posible destrucción de pruebas».

En este contexto, los investigadores pudieron registrar numerosas reuniones mantenidas por los principales imputados de la trama en establecimientos de hostelería. El 2 de febrero de 2023, Koldo García mantuvo un encuentro con el subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, y con Vicente Calzado Téllez, director general de EMFESA, sociedad mercantil estatal dependiente de este Ministerio en el restaurante «La Chalana». Koldo también mantuvo diferentes reuniones con Luis Rodríguez, una de ellas el 2 de febrero de 2022. El 8 de febrero de 2023, Koldo García se volvió a reunir con Luis Rodríguez en el restaurante «La Chalana» y con otra persona vinculada con Gonzalo de Aldama.

El 15 de febrero de 2023, el exasesor de Ábalos, cuya residencia habitual está en Polop de la Marina (Alicante), mantuvo otra reunión en el local «La Chalana» con Juan Carlos Cueto, que fue escuchada por los agentes encargados del seguimiento, quedando emplazados en verse al día siguiente en el local «Viena Capellanes» de la calle Génova, donde mantuvieron un nuevo encuentro de 8 minutos. Al día siguiente, Juan Carlos Cueto se reunió con Luis Rodríguez cerca del Ministerio de Transportes tras encontrarse previamente con Koldo García.

Según los investigadores, «todos estos encuentros evidencian que la relación entre los investigados va más allá de la operativa que pudieron realizar para la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario que dio origen a esta investigación, manteniéndose tales vínculos en la actualidad».

Anticorrupción apunta a Ábalos

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción apunta hacía el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por concertar previamente los contratos investigados por la Audiencia Nacional con la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L de la trama de su exasesor Koldo García. Según la querella de Anticorrupción, «el plazo de tiempo entre la publicación de las dos Órdenes del Ministerio de Transportes y las adjudicaciones por Puertos del Estado y ADIF fue prácticamente inexistente. La publicación de la Orden para la regulación de la adquisición y distribución del material sanitario se producía el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. de un contrato para cubrir esa necesidad».

«Este extremo parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. y la Administración Pública que también se ha reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección individual», añadía la querella de la Fiscalía.