La UCO tiene claro que la pagadora final de la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE fue la empresa pública Acuamed, dependiente en aquella época de la entonces ministra de Rodríguez Zapatero y ahora presidenta nacional del Partido Socialista, Cristina Narbona. Pero ahora la Guardia Civil ha confirmado el programa al que se cargó ese gasto. La vía, según sus sospechas, habría sido el inflado de las concesiones del denominado como Programa AGUA, de nada menos que 2.500 millones de euros, una brutal partida de la que colgaba la concesión de las desoladoras, de forma que no se notase el impacto, ante la brutal magnitud del gasto gestionado.
El informe de la UCO se centra en la labor de una de las empresas investigadas en la trama Azud: Grupo Axis. Y señala que «en cuanto al motivo por el que el Grupo AXIS efectúa estos pagos, el análisis desarrollado permite determinar, desde la perspectiva policial, que los mismos encuentran su justificación en la actividad desarrollada por José Luis Vera a través de Acuamed y uno de sus directivos, todo ello en el marco del PAI «El Espartal» que el Grupo Axis venía pretendiendo desarrollar en la localidad alicantina de Jijona».
Vera era, según la UCO, uno de los cabecillas del «tándem» que comandaba la trama de supuesta financiación ilegal del PSOE. Y Vera, en concreto, era, además, del enlace con Acuamed, tal y como relata la propia Guardia Civil.
Y ahí es donde la UCO detecta el rastro del Programa AGUA: «Para la continuación del desarrollo urbanístico pretendido por el GRUPO AXIS en Jijona, era necesario justificar la existencia de recursos hídricos suficientes, suponiendo esto un problema dada la escasez de los mismos en esa zona. Sobre la base de esta problemática, por parte de este grupo empresarial se comienzan a desarrollar varias líneas de resolución (captación de aguas subterráneas e inyección de salmuera, firma de acuerdos con comunidades de regantes o acuerdos con empresas de suministro de aguas)». Y es en este contexto «donde surge una nueva línea para resolver la problemática: a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed), y más concretamente a través de su programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua)».
De hecho, añade la UCO, «la opción que finalmente se llevó a término y que permitió salvar la problemática de los recursos hídricos que presentaba el PAI «El Espartal» fue la de la firma de un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona, con el objeto de proceder a la ampliación de la desaladora construida en Muchamiel-Campello que permitiera abastecer al municipio de Jijona». Y eso suponía cargar los gastos al Programa AGUA.
Y «en la consecución de la firma de este convenio habría tenido un papel fundamental José Luis Vera, toda vez que, en base a las evidencias recopiladas, en connivencia con el Director de Relaciones Institucionales de Acuamed –Joan Navarro–, habría propiciado la firma de este convenio entre la mercantil pública y el Ayuntamiento, el cual posibilitó la continuación de la tramitación administrativa de ese PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizada por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos de la actuación».
El Programa AGUA estimado en 2.500 millones
¿Y qué era el Programa AGUA? La memoria de Acuamed del año 2006 lo describe: «En las cuencas mediterráneas el Programa AGUA recoge más de un centenar de actuaciones definidas en colaboración con los sectores implicados en la obtención y uso del agua: administraciones públicas, agricultores, industrias y otros agentes». Todo un maná estimado en cerca de 2.500 millones de euros y que tenía como objetivo sustituir al Plan Hidrológico Nacional del PP.
El Programa AGUA contemplaba, además, «aquellas actuaciones, históricamente propuestas pero en la práctica no desarrolladas, coherentes con los objetivos del Programa, y que, por su viabilidad económica y ambiental, son además susceptibles de obtener financiación europea. Se contempla asimismo un conjunto de nuevas actuaciones dirigidas a la optimización y mejora de la gestión del agua, a la generación de nuevos recursos, a la prevención de inundaciones y a la depuración y reutilización de agua». Y ahí entraban todas las nuevas desaladoras que debían permitir, según las tesis de la izquierda, decir adiós a los trasvases de agua entre territorios.
El capítulo «tipo de actuaciones» incluía:
- Desalación: construcción de plantas para la desalación de agua de mar o de aguas salobres, y su utilización en abastecimiento o regadíos. Reutilización: construcción de plantas e infraestructuras para el tratamiento y la conducción de aguas reutilizadas, y su aplicación a los usos previstos legalmente.
- Regadíos: modernización y consolidación de infraestructuras de regadío.
- Abastecimientos: captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de agua para abastecimientos urbanos. Restauración ambiental: rehabilitación de espacios naturales de todo tipo, acondicionamiento de cauces y riberas fluviales.
- Prevención de inundaciones: actuaciones destinadas a reducir los riesgos a que están sometidos todavía algunas poblaciones mediterráneas».
Todo un filón donde inflar gastos con fines de financiación del PSOE, debieron pensar, no se notaría demasiado. Porque «el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) materializa la reorientación de la política del agua, para garantizar la disponibilidad y la calidad del agua en cada territorio», señalaba la documentación del Programa.
