La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de conceder la extradición del expresidente Carles Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos pero no por el delito de rebelión al considerar que no hubo la suficiente violencia como para homologarlo a tipo penal equivalente en Alemania, la alta traición, tiene importantes implicaciones jurídicas y políticas.
Jurídicamente, esta decisión supone un disparo en la línea de flotación del argumentario del juez Llarena en la causa contra los líderes independentistas. A pesar de que muchos reconocidos juristas en España han argumentado que la acusación de rebelión era difícilmente sostenible, sobre todo por la ausencia del supuesto de violencia, el juez decidió mantener la imputación por ese cargo, probablemente porque esa era la única vía que permitía la suspensión para el ejercicio de cargo público antes de la celebración del juicio, algo que el juez ha solicitado esta misma semana y sobre la cual el Parlament debe pronunciarse.
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Y a menos que haya una rectificación por parte de la justicia española la decisión del tribunal alemán implicará algo insólito: que el máximo responsable de los hechos de septiembre y octubre no pueda ser juzgado por los mismos cargos que el resto de líderes independentistas, a la espera que la justicia escocesa resuelva el caso de la ‘exconsellera’ Ponsatí y después de que la justicia belga desestimara la extradición de los ‘exconsellers’ Comín, Serret y Puig por problemas de forma. El varapalo además, será utilizado por la causa independentista en su cruzada por deslegitimar internacionalmente a las instituciones españolas e insistir en la idea de que en España hay presos políticos.
Amenaza contra el sistema judicial europeo
Pero lo verdaderamente preocupante de esta decisión es su dimensión internacional porque supone una amenaza contra el sistema judicial europeo que se ha basado hasta la fecha en la idea de la confianza mutua. El tribunal alemán, quizás por un exceso de celo, no solo ha verificado la existencia de delitos homologables en la legislación alemana, que es lo que de hecho se exige en una eurorden para hacerse efectiva, sino que parece haber entrado en el fondo del asunto como si él fuese el tribunal responsable de juzgar el caso, sentando un precedente de consecuencias imprevisibles. Por lo pronto, la actuación del tribunal alemán puede haber contribuido a que la confianza mutua salte por los aires y que a partir de ahora sea la desconfianza lo que rija la cooperación jurídica internacional.
Políticamente la decisión comportará la recuperación de protagonismo político por parte de Puigdemont, bastante a la baja desde hace una semanas coincidiendo con el nuevo clima propiciado por el cambio de Gobierno y por la investidura de Torra en Catalunya y posiblemente también por una estrategia de defensa. Justo la semana en la que se ha retomado el diálogo entre los Gobiernos catalán y español, uno de los actores políticos más interesados en mantener la crispación vuelve a la primera plana. Lo que está por ver es si en el nuevo escenario el resto de actores le darán juego.
