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Las elecciones andaluzas y la renovación del TC frustran el intento de alumbrar la sentencia sobre el aborto

Las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y la renovación del Tribunal Constitucional están frustrando el intento de alumbrar la sentencia sobre el aborto después de 12 años.

La Ley del aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 fue recurrida ante el Constitucional en junio de ese año por el Partido Popular. El objetivo prioritario del actual TC, presidido por Pedro González-Trevijano desde el pasado mes de noviembre, era conseguir que al menos un borrador de la sentencia fuese debatido en el Pleno. Algo que no ha sucedido nunca, a pesar de que el recurso se presentó hace 12 años. Para ello, se encomendó al magistrado conservador Enrique Arnaldo la elaboración de una nueva ponencia que pudiera ser sometida a deliberación en el Alto Tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «el Constitucional pretendía llevar a Pleno el borrador de sentencia sobre el aborto como tarde en este mes de junio. Sin embargo, la convocatoria de las elecciones autonómicas de Andalucía para este domingo 19 de junio ha frustrado este objetivo inicial. Ha sido un acontecimiento sobrevenido».

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que «el otro escollo principal para intentar llevar a pleno la ponencia sobre el aborto es la renovación del propio Constitucional«, ya que cuatro de sus 12 magistrados, concluyeron su mandato este domingo. Entre ellos, el del actual presidente González-Trevijano.

Recordamos que la renovación del TC depende a su vez de la renovación previa del Consejo General del Poder Judicial, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez debe nombrar a dos magistrados y el CGPJ a otros dos. No obstante, el Gobierno de los jueces no puede realizar nombramientos en funciones tras la Ley impulsada por el PSOE y Podemos.

«En este contexto es muy complicado que el borrador de sentencia pueda ser debatido en el Pleno del Tribunal Constitucional antes de verano. Si el CGPJ se renueva en julio, el propio TC haría lo propio en septiembre. Por tanto, no existiría tiempo material para sacar adelante una sentencia tan complicada y sensible que necesitaría reunir una mayoría razonable del Pleno», añaden.

Mientras tanto, el Gobierno a través de los ministros de Presidencia Félix Bolaños y de la ministra de Justicia Pilar Llop amenazan desde hace semanas con la posibilidad de que el Ejecutivo elija a los dos magistrados que le corresponden en esta renovación del TC. Tal y como publicó este diario, el bloque conservador del Constitucional impedirá al Ejecutivo la incorporación de sus dos magistrados propuestos si no se nombra a los otros dos magistrados que corresponden al Consejo General del Poder Judicial, como exige la Carta Magna.

En esta renovación, finaliza el mandato de tres magistrados conservadores: el actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. También concluye el mandato del magistrado progresista, Juan Antonio Xiol. De esta forma, se pasaría de 7 magistrados conservadores y 5 magistrados progresistas a lo contrario, 5 conservadores y 7 progresistas, quedando la presidencia en un magistrado progresista.

Doce años de retraso

La sentencia sobre la Ley del aborto ha alcanzado este mes los 12 años de retraso y a su tercer ponente Enrique Arnaldo. Previamente, el magistrado conservador Andrés Ollero, que salió del tribunal en la última renovación, proponía declararla inconstitucional. Ollero había heredado a su vez la responsabilidad de resolver el recurso de su predecesora progresista Elisa Pérez Vera, en su caso, favorable a interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semanas.

Sin embargo, ni la ponencia de Pérez Vera, ni la de Ollero llegaron a debatirse jamás en un Pleno del Tribunal Constitucional, ya que los distintos presidentes del Alto Tribunal nunca lo acordaron. Cuando se presentó el recurso del PP, la presidenta del TC era María Emilia Casas. Posteriormente, Pascual Sala heredaba la presidencia y después daba el testigo a Francisco Pérez de los Cobos, hasta la llegada de Juan José González Rivas años después.

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