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Las exigencias del Parlamento Europeo pueden retrasar los fondos

En julio se consiguió el acuerdo, en septiembre los gobiernos empezaron a presentar con gran fanfarria sus planes de recuperación y ahora queda lo más difícil, saber cuándo llegaran los deseados fondos europeos. En todo caso, España ya ha colocado 27.000 millones en su plan presupuestario para el 2021 anticipando una llegada que da por segura.

Sin embargo, aún quedan dos grandes obstáculos que pueden retrasar la llegada de los fondos. Las negociaciones sobre el montante global de los presupuestos europeos y sobre su condicionalidad siguen encalladas en unas conversaciones que se desarrollan en dos pistas al mismo tiempo. Por un lado, entre el Consejo, que representa a los 27 países, y el Parlamento Europeo, que exige aumentar en 39.000 millones el montante de los presupuestos para los próximos 7 años y también condiciones más duras en relación con el Estado de derecho. Por otro lado, hay un debate abierto entre los 27 estados miembros sobre esta condicionalidad.

Las negociaciones sobre el montante global de los presupuestos europeos y sobre su condicionalidad siguen encalladas

“Si la posición final del Parlamento es pedir un aumento de 39.000 millones tenemos un gran problema”, indican fuentes de varias delegaciones, que subrayan que el equilibrio de julio fue muy difícil de alcanzar, y que tocar un elemento supondría abrir la caja de Pandora. En aquella cumbre, para financiar el fondo de 750.000 millones de euros se recortó el presupuesto 2021-2027, que quedó en 1,074 billones de euros, con rebajas en programas que el Parlamento considera imprescindibles.

“No ponemos en cuestión el acuerdo de julio, sino que pedimos un pequeño paso que nos podría acercar a la aprobación final del paquete”, les dijo a los jefes de Gobierno el presidente del Parlamento, David Sassoli, en la cumbre de esta semana. Sin embargo, la calificación de “pequeño paso” a 39.000 millones fue contestada por los primeros ministros, que en este terreno no están dispuestos a moverse. En los últimos días, el tema ha provocado un cruce de acusaciones entre las dos instituciones, en una pugna por el relato en que los países sitúan al Parlamento como responsable de un posible veto al plan de recuperación y los parlamentarios rechazan presiones. “El Parlamento no acepta ser presionado hacia un mal acuerdo” y “no aceptamos trucos presupuestarios”, fueron dos de los mensajes que lanzó el portavoz de la institución, Jaume Duch.

El Parlamento Europeo exige aumentar en 39.000 millones el montante de los presupuestos para los próximos 7 años y condiciones más duras en relación con el Estado de derecho

Lo cierto es que, en este terreno, el margen que pueden conceder los países es muy limitado. Al acuerdo de julio se llegó después de cuatro días de reunión y muchos equilibrios.

Si en este punto las conversaciones con el Parlamento están encalladas, en la condicionalidad del Estado de derecho han avanzado más. La propuesta alemana de limitar las condiciones exclusivamente a los temas donde haya una relación directa con los fondos europeos es una posible vía de aceptación, aunque deje a muchos insatisfechos por el camino. Se pierde buena parte del objetivo con que nació esta iniciativa, que era dotarse de un instrumento efectivo para penalizar el incumplimiento del Estado de derecho en algunos países, con Hungría y Polonia en el punto de mira, pero se incluye por primera vez este tipo de condicionalidad en los presupuestos. Esta es al menos la argumentación que ofrece la presidencia alemana.

Mientras, cada país ya está preparando o incluso ha presentado su plan de recuperación en un circuito de dos carriles. Los más solventes, como Alemania y Francia, solo acuden a las transferencias, sin necesitad de créditos. Otros, como España e Italia, con deudas disparadas, se dirigen a las dos ventanillas.

El objetivo es que al menos el 10% de los fondos solicitados llegue el próximo año, si es posible antes del verano. Pero todo depende de estas negociaciones y de la ratificación de los países. En concreto, la decisión de aumentar los recursos propios deben aprobarla los parlamentos nacionales, un trayecto en el que no se descartan accidentes.