Las familias del Yak-42 dan por ganada su lucha por la verdad

Misión cumplida. Un día después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, firmara la resolución que reconoce la responsabilidad del Estado en el accidente del Yak-42 y admite por vez primera que la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz podía haberse evitado, los familiares de los 62 militares muertos en el siniestro han expresado este viernes su satisfacción.

“Se han desmontado las mentiras. Nos sentimos tristes, cansados, pero dignos”, ha proclamado el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes. “Podemos poner fin a la lucha con la cabeza muy alta”, ha apostillado su portavoz, Curra Ripollés. La asociación, que durante casi 14 años ha peleado para que se reconocieran las múltiples negligencias que rodearon el siniesto del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, decidirá el próximo día 13 si se disuelve y, en palabras de Sencianes, opta finalmente por “romper filas”.

Antes de hacerlo, las familias de los militares han dejado sobre la mesa dos peticiones: que Cospedal, que ya compareció en enero pasado en el Congreso para informar sobre el demoledor dictamen del Consejo de Estado que desenterró el caso, lo haga ahora para dar cuenta de la resolución firmada por ella misma en el expediente de responsabilidad patrimonial; y que el año próximo, coincidiendo con el 15 aniversario de la tragedia, se celebre un homenaje en Zaragoza, donde estaban destinados la mayoría de los fallecidos.

Pese a la satisfacción por lo conseguido, los representantes de la asociación no dejaron de denunciar las “lagunas judiciales y políticas” del escándalo; en particular que, pese a que se ha reconocido la  responsabilidad del Ministerio de Defensa, “no haya responsables encarcelados sino premiados”. Además del exministro Federico Trillo –que se ha incorporado como letrado al Consejo de Estado tras cesar como embajador en Londres–, citaron al exsecretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, destinado en la oficina del Alto Comisionado de la Marca España, y al exjefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre. También cargaron contra el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que archivó la investigación del caso en la Audiencia Nacional.

Una vez culminada la tarea de conseguir el reconocimiento oficial de la verdad, la pelota pasa ahora a manos de los políticos, a los que corresponde garantizar que un caso así no vuelve a repetirse, según Sencianes. “Hay que decirle a toda España que la corrupción mata”,enfatizó.

El presidente de la asociación concluyó que sus familiares “no dieron la vida por España, sino que España se las quitó”, mientras que Curra Ripollés subrayó que tras la resolución de Defensa se abre una nueva etapa y por fin “empieza el duelo que nunca” pudo hacer por su hermano fallecido en el Yak-42.

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