Los juicios orquestados en Cuba para condenar a largos años de prisión a quienes se atreven a disentir son un mecanismo brutal que la dictadura ha sistematizado durante décadas. No es una sorpresa, aunque sin dudas resulta doloroso. El recién manipulado juicio contra 5 de los que se manifestaron el 11 de julio en Caibarién, es un claro ejemplo de las arbitrariedades del sistema castrista.
Javier Delgado Torna, Ysel Fumero Tuero, Carlos Michael Morales Rodríguez, José Rodríguez Herrada y Magdiel Rodríguez García no estan acusados por manifestar libremente su descontento con el sistema comunista: el régimen -como suele hacer- les ha fabricado casos por los supuestos delitos de «atentados, desórdenes públicos y daños a la propiedad estatal», por lo que enfrentan condenas de entre 6 y 4 años de presidio por razones políticas.
La puesta en escena de la vista oral tuvo lugar en el Tribunal provincial de Villa Clara durante 3 días (22, 23 y 24 de este mes) bajo un extremo control policial y prohibiendo la entrada al público, a excepción de muy pocos familiares. La sentencia se hará firme en unas 2 semanas. El Centro de Asesoramiento legal, Cubalex, dijo a Radio Televisión Martí que «al prohibir el acceso al público, el tribunal está violando lo establecido en la legislación nacional y los estándares internacionales».
Adriana Delgado, quien pudo presenciar el juicio contra su padre, Javier Delgado Torna y los otros cuatro manifestantes pacíficos, relató a ese medio el conocido modus operandi de la tiranía castrista: «los acusados hicieron sus declaraciones, explicaron cómo sucedieron los hechos. Después vinieron los testigos de la Fiscalía, que eran los mismos policías de civil. Los llamaron uno a uno y tuvieron muchas contradicciones en sus testimonios». Pero para la fiscalía castrista lo que cuenta es lo que la Seguridad del Estado dicte.
Según Delgado, «el abogado los defendió bastante bien, dijo que estaban en su derecho de manifestarse, que está puesto en la Constitución, que tienen libertad de ideología y que no acepta esas penas que pide el Fiscal”. Pero el aparato condenatorio del régimen hizo oídos sordos.
Similar fue la farsa judicial, también totalmente militarizada, contra 13 jóvenes de la provincia Artemisa que también participaron en las manifestaciones populares del 11 de julio. Son ellos: Yeremin Salcines (condenado a 14 años de cárcel). Leandro David Morales y Eddy Gutiérrez Alonso (12 años de cárcel). Víctor Alejandro Painceira y Luis Giraldo Martínez (10 años de cárcel). Iván Hernández Troya y Yoslén Domínguez (9 años de cárcel). Javier González Fernández, Alexander Díaz Rodríguez y José Alberto Pío Torres (6 años de cárcel). Yoselín Hernández (5 años de cárcel). Yurién Rodríguez Ramos y Eduardo Bryan Luperón Vega (4 años de cárcel).
La periodista independiente Eralidis Frómeta e Irma Ravelo, esposa de Yeremin Salcine, contaron a Radio Martí que “el proceso estuvo plagado de irregularidades”, que “hubo mucha complicidad por parte de la dictadura, hubo mucha presión, mucha intimidación”, que la defensa hizo un gran trabajo y que “dentro de la sala, quedó totalmente demostrada la inocencia de los jóvenes”.
El Dr. Sergio Osmín Fernández Palacios, abogado Independiente anticorrupción y de derechos humanos, presentó el 30 de septiembre una denuncia a favor de Yeremin Salcine ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
El abogado describió los hechos de manera imbatible: “En la tarde del 11 de julio de 2021 una multitud, mayormente formada por jóvenes, se manifestó contra la Dictadura de Partido Único (Totalitarismo) en Cuba, ante la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Artemisa. Los manifestantes gritaron «Abajo la dictadura», «Patria y Vida», «Abusadores» y «Libertad» entre otras consignas.
“Yeremin formó parte de la manifestación pacífica cuando llegó un camión con agentes uniformados de la Brigada Anti-Motín (Boinas Negras) de la PNR quienes se lanzaron con inaudita violencia contra los manifestantes. Él fue brutalmente golpeado, ocasionándosele una lesión con brote de sangre en su cabeza. Salcine fue conducido hacia un hediondo calabozo de la Unidad de la PNR de Artemisa donde recibió golpes por agentes uniformados. De ahí fue conducido en un camión-jaula, donde también recibió maltrato físico, hacia la Unidad de la División de Investigación Criminal y Operaciones, DIVICO, de Artemisa”, dice la denuncia presentada por Fernández Palacios en Ginebra.
Pero en el sistema judicial de Cuba no importan los hechos sino la decisión de la policía política. No en balde Frómeta denunció que la fiscalía y la Seguridad del Estado “pudieron poner todos los testigos que ellos entendieron en contra de los manifestantes, pero a los manifestantes no les permitieron poner los testigos que ellos tenían, que evidenciaron, y estaban en el momento en que se originó la protesta y el camión quiso impactar a varios manifestantes que estaban acostados en la carretera, y ellos no permitieron que estas personas pudieran testificar a favor de estos niños”.
La periodista independiente aseguró que “los peritos” del régimen mostraron el video (de los hechos) “editado a favor de la dictadura”, pero advirtió que “el video original está bien guardado, bien protegido para, en un momento determinado, enviar ese video a donde tenga que ser enviado para demostrar al mundo que estos niños no tienen ningún delito”.
Otro que sufre el aberrante sistema condenatorio del castrismo es Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban, de 32 años de edad. Montes de Oca es prisionero desde el 11 de julio y, según denuncias, fue golpeado durante el arresto. Esta semana, en el tribunal municipal de Puerto Padre, en la provincia oriental de Las Tunas, quedó esperando sentencia su amañado juicio.
Los gendarmes judiciales del régimen le ratificaron los 8 años de cárcel que pidió la fiscalía, no por ejercer su derecho a la libre expresión en la protesta, sino por los falsos delitos de atentado y desorden público.
«En los calabozos de la policía, en la ciudad de Puerto Padre, le provocaron una herida detrás de un oído que requirió de un punto de sutura y, además, por los golpes tuvo problemas en la clavícula. Luego lo trasladaron para la unidad de instrucción provincial, y finalmente para la prisión El Típico.
Allí, en esa cárcel, la Seguridad del Estado de Cuba intentó chantajearlo. Lo fueron a visitar y le propusieron que él hiciera un video pidiéndole perdón a Díaz-Canel, y que, si hacía eso, sería liberado, y este muchacho dijo que él no tenía que pedirle perdón a nadie», narró en entrevista con el periodista Tomás Cardoso el activista del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Vladimir Martín Castellanos.
Todo esto evidencia, una vez más, que aunque en Cuba un abogado haga una defensa digna e impecable, la dictadura comunista no entiende de derechos ni debidos procesos, sino que procede dando paso a condenas prefabricadas, en medio de un show judicial.El objetivo es mantener el terror, la impunidad y la indefensión como escarmiento y brutal castigo contra quienes se atreven a disentir.
