La crisis sociopolítica y las restricciones a las libertades públicas en Nicaragua se profundizarían con la aprobación de las “reformas electorales”, pues las mismas están orientadas a otorgarle más poder a la Policía –el brazo represor de la dictadura–. Esta coyuntura reforzaría el Estado policial que ya impera bajo el régimen de Daniel Ortega.
La Policía Nacional enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Además, es señalada por más de 300 asesinatos y torturas contra los presos políticos en complicidad con los grupos paramilitares organizados por el régimen durante las protestas, crímenes considerados de lesa humanidad.
El jefe de la institución Francisco “Paco” Díaz, consuegro de Ortega y Rosario Murillo, también enfrenta sanciones junto a otros directores de esa institución.
La reforma electoral en su artículo 89, establece que los partidos políticos o alianzas tendrán que pedir permiso a la Policía con copia al Consejo Supremo Electoral (CSE), para realizar actividades en el marco de las elecciones “con una semana de anticipación como mínimo”.
“La Policía Nacional resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud”, dice el documento de la reforma electoral.
“Lo anterior significa que las agrupaciones políticas no van a poder movilizarse libremente para realizar sus actividades, antes van a tener que contar con autorización”, afirma el político independiente Leopoldo Gómez.
“Las reuniones de los partidos políticos en los municipios o distritos se hacen en las casas de los militantes porque no hay recursos para tener oficinas en cada localidad del país. Ahora hasta para eso están exigiendo pedir permiso”, apuntó Gómez.
El asesor legislativo Oscar Carrión, cree innecesarias las atribuciones a la Policía que contempla la propuesta de reforma electoral. A su juicio hay un interés detrás de la medida.
“Al transferirle la concentración de permisos a las autoridades de la policía sancionada, creo que persiguen alguna cuota de legitimación frente a las organizaciones políticas que consideren que hay condiciones para participar en un proceso electoral –con lo que legitimarían el proceso y a un órgano sancionado internacionalmente–. Además estarían concentrando decisiones de carácter político en un órgano que ha desatado una represión sistemática y permanente contra la población, algo que vemos evidenciado en cada rincón del país”, subrayó.
“Es un órgano que esta sometido a su jefe máximo, que es el presidente de facto y que además es el secretario del partido sandinista que va a competir en unas elecciones ¿de qué transparencia e imparcialidad estamos hablando en una institución sancionada?”, cuestionó el experto.
Carrión sostiene que la propuesta de reforma electoral no toma en cuenta la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que demanda la realización de comicios libres, transparentes, creíbles y supervisados.
Tampoco incorpora las recomendaciones de la Unión Europea o de organismos de procesos electorales, ni de los partidos políticos de la oposición y de organizaciones independientes.
“Es una propuesta exclusiva de la bancada sandinista. Es excluyente y que compromete las elecciones. Establece guillotinas y exclusiones para ciertas candidaturas, no incorpora la suscripción popular ni las inhibiciones para quienes ejercen de facto la presidencia y la vicepresidencia en este momento, ni para quienes han sido objeto de sanciones. No aborda el tema de la observación nacional e internacional, a la que dan un rango de menor relevancia (acompañamiento electoral)”, acotó.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, enfrenta sanciones por corrupción y graves abusos a los derechos humanos. Y aunque no han oficializado su candidatura, la orientación del tendido electoral está en función de la reelección de Ortega y Murillo, de acuerdo con una fuente del régimen.
¿Participar en las elecciones?
“Con unas reformas electorales de esa naturaleza no se debería de participar en las elecciones, salvo que exista una contrapropuesta de las organizaciones opositoras que incorpore las recomendaciones de la OEA, la Unión Europea, los ejes fundamentales de reforma electoral de la oposición y las propuestas de la Conferencia Episcopal en 2014”, subrayó Carrión.
El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), José Dávila, reconoció que llevar a cabo un proceso electoral en esas condiciones, es difícil.
“Las actuales condiciones de las libertades públicas en Nicaragua, represión, asedio y persecución, no son nada compatibles con las condiciones mínimas que se necesitan para un proceso electoral”, afirmó Dávila.
“Independientemente de lo retrogrado y hasta represivo que hay en el proyecto de dizque reformas electorales que ha presentado el régimen, Ortega tiene hasta finales de mayo por la resolución de la OEA. Antes deberá dejar claro si permitirá una apertura democrática para facilitar elecciones libres, y bajo qué condiciones. Cuando venza el plazo será el momento de decidir si participar o no en las elecciones, decisión que, creemos, deberá ser tomada por la oposición unificada”, consideró Dávila.
El régimen invierte millones de dólares en la Policía Nacional para vigilar, perseguir y reprimir a opositores.
A líderes de la oposición como Freddy Navas, del Movimiento Campesino, se le impide salir de su residencia. Ocho agentes y dos motorizados vigilan su casa desde hace siete meses. En los últimos días se auxilian de perros policías.
¿Preparando el fraude?
El artículo 196 de la “reforma” establece que en las próximas elecciones se permitirá que cualquier persona que, estando en la lista de ciudadanos cedulados de una Junta Receptora de Votos (JRV), no se encontrare en el padrón electoral, pueda solicitar su inclusión al padrón presentando su Cédula de Identidad.
“La Junta Receptora de Votos lo registrará de inmediato sin más trámites, permitiéndole al ciudadano o ciudadana ejercer el derecho a votar”, dice la iniciativa de reforma.
“Desde ahí hay una enorme contradicción ¿cómo puede ser que estén en una lista de cedulados y no estén en el padrón electoral?”, cuestiona el consultor legislativo Oscar Carrión.
“En algún momento ese artículo tuvo su bondad porque fue una demanda de las organizaciones opositoras al sandinismo, pues el oficialismo se dedicó a eliminar a algunas personas del padrón electoral con el objeto de afianzar su mayoría en algunas Juntas Receptoras de Votos que les eran históricamente contrarias. Eliminaban a personas que tenían su domicilio en esa circunscripción y pretendían negarles el derecho al voto. En algún momento se planteó como una solución a un mecanismo de fraude del Frente Sandinista, y se dijo que si la persona está en la circunscripción y la dirección corresponde con la JRV, no había más que incorporarlo y darle el derecho al voto, pero ahora el sandinismo estaría utilizando posiblemente esa figura para meter votantes adicionales con el manejo exclusivo que tiene del padrón electoral. Es otro mecanismo fraudulento”, dijo Carrión.
“La medida con apariencia de bondad se podría prestar a un fraude electoral la solución sería la previa y calificada auditoría del padrón electoral, incluso para eliminar a los fallecidos e incorporar aquellos que por alguna razón no están en una circunscripción determinada”, afirmó el experto.
