Alberto Núñez Feijóo presentó este lunes en Cádiz su Plan de Calidad Institucional. Un proyecto que el líder del PP pondrá en marcha en sus cien primeros días de gobierno si consigue llegar a La Moncloa. Su meta es frenar el «nepotismo, la arbitrariedad y la incapacidad» de Pedro Sánchez.
Un total de «60 medidas para mejorar nuestra democracia» que acaban con la base de las políticas del Gobierno en los últimos años. Recuperar el delito de sedición, acabar con la ley del solo sí es sí o limitar el poder del Gobierno sobre leyes son algunas de ellas. Otras se centran en que no se vuelvan a repetir algunos de los escándalos que han rodeado al Ejecutivo de PSOE y Podemos en los últimos años.
Entre esas medidas está la de limitar la utilización del Real Decreto Ley. El texto del PP quiere evitar el abuso que el Gobierno ha realizado de esta figura (los populares denuncian que Sánchez ha impulsado 135 Reales Decretos Leyes desde es presidente) . «Deberá fundamentarse debidamente la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva. Se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata y que, por tanto, deberán regularse por las vías parlamentarias ordinarias», reza la normal del plan de Feijóo.
«En aras de la mayor transparencia y siguiendo el ejemplo de otros países, se incluirá en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario», es otra de las medidas más llamativas a nivel parlamentario recogidas en el proyecto del líder del PP.
Para frenar también la discrecionalidad que se ha visto con el Ejecutivo sanchista, Feijóo pide articular «reglamentariamente el mecanismo para la solicitud de informes al Consejo de Estado sobre proyectos de ley que se remitan al Congreso sin que el Gobierno haya recabado su dictamen. Por su parte, los Letrados de las Cortes Generales, remitirán, antes de la toma en consideración, un informe escrito a los grupos parlamentarios sobre las proposiciones de ley que se registren. Este dictamen se limitará a aspectos de técnica jurídica y a su compatibilidad con las normas europeas y del bloque de constitucionalidad. En todo caso, los trámites normativos se verán interrumpidos a menos que se hayan emitido los informes preceptivos de los órganos consultivos, en el caso de que la reforma afecte a la ley orgánica o a las leyes procesales».
Menos ministros y menos uso del Falcon
«Un gobierno no puede estar formado por dos equipos de fútbol», explican los populares. Por ello, piden que se establecerán por ley «pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos, así como de criterios de moderación para el nombramiento de asesores y miembros de los Gabinetes del Gobierno».
Y dos medidas más que hacen una referencia velada al Gobierno de Sánchez: «Con carácter general, se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento. En caso de que dicha coincidencia de agenda se produzca, los costes del desplazamiento serán asumidos por el partido que organice el evento» y «en aras de la necesaria transparencia sobre lo anterior, se abrirá un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno» .
En este sentido, los populares piden también que la programación y realización de viajes institucionales «debe regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad, por lo que se desarrollará una regulación que determine las necesidades de protocolo y la composición de las comitivas de acompañamiento en los traslados nacionales e internacionales del presidente del Gobierno y los ministros». Para que no se repitan escándalos como el de Irene Montero y sus acompañantes en Nueva York.
