Latinoamérica pone en la picota a sus expresidentes

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El paso de los expresidentes latinoamericanos por los tribunales está a la orden del día. El salvadoreño Elías Antonio Saca acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por delitos de lavado de dinero después de reconocer que había desviado fondos por 300 millones de dólares entre el 2004 y el 2009. Al panameño Ricardo Martinelli lo extraditaron de EEUU, acusado de espionaje telefónico. Luiz Inácio Lula da Silva, el hombre que había sacado de la pobreza a millones de brasileños, cumple una condena de 12 años por haber recibido favores indebidosCristina Fernández de Kirchner Rafael Correa, dos de sus aliados regionales durante los años que América del Sur intentó ser relativamente autónoma frente a EEUU, afrontan causas judiciales. 

Parte de los expedientes abiertos convergen en un mismo nombre: la constructora brasileña Odebrecht, que incluso arrastra a tres mandatarios peruanos y aparece en las investigaciones del financiamiento de la campaña electoral del colombiano Juan Manuel Santos. Su antecesor en la presidencia,  Álvaro Uribe, tampoco es ajeno a los ajetreos en los tribunales. Afronta una causa por manipulación de testigos y soborno. Porque dicen contar con evidencias o guardan un rencor de años,  los adversarios de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales les auguran una catarata de juicios en el momento de dejar sus cargos. Solo Chile Uruguay, por razones más cercanas a la convivencia democrática, y México, por motivos de autoprotección de su clase dirigente, quedan por ahora afuera de esta lógica regional. 

‘Lawfare’

Las opiniones se dividen entre quienes observan a los magistrados como cruzados que dictan sentencias ejemplares contra los corruptos, y aquellos que solo ven a la justicia desempeñando el papel que tenían décadas atrás los militares. Los defensores de Lula, Fernández de Kirchner y Correa hablan en ese sentido de la “judicialización” de la política. Repiten a coro una misma palabra de origen inglés, lawfare, formada ley (law) y guerra (warfare). El concepto pertenece a un general estadounidense y asesor del Pentágono. Charles Dunlap lo definió como la táctica capaz de transformar “códigos legales en balas”. Su planificación comenzó años atrás, cuando los Gobiernos de centro izquierda eran mayoría en la región, y se puso primero a prueba con las destituciones de los presidentes de Honduras, Paraguay y Brasil, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff, respectivamente. 

Aquellos que ven algo más que un nuevo afán de transparencia, recuerdan que la Escuela de las Américas, donde se formaban los militares golpistas, fue sustituida por centros de formación para jueces financiados por EEUU. Sergio Moro, quien condenó a Lula, ha sido uno de sus alumnos más ponderados. Señalan a su vez que algunos magistrados actúan en llamativa convergencia con poderosos medios de comunicación y expertos en el manejo de las redes sociales, cuya big data es monitoreada por centrales de inteligencia, como se demostró con el escándalo Cambridge Analytica/Facebook en EEUU y Gran Bretaña. En este contexto, insisten, los populistas de ayer han pasado a ser los mafiosos del presente, y la presunción de inocencia ha dejado de existir.