Gracias a una mayoría absoluta conformada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y los grupos minoritarios, el pasado 19 de noviembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), vulgo Ley Celaá. Frente a este bloque desnacionalizador o, por mejor decir, plurinacionalizador, fundamentalista democrático y ciegamente europeísta, se situaron PP, Ciudadanos y Vox, partidos que votaron en contra de una ley que entre otras cosas, elimina la obligación de que el español, denominado castellano, sea lengua vehicular de la enseñanza en toda España. La nueva ley, la séptima desde que se aprobó la Constitución de 1978, viene a blindar lo que, de facto, es una realidad en comunidades autónomas como Cataluña, región en la que el español prácticamente ha desaparecido de las aulas desde que José María Aznar se lanzara a los codiciosos brazos de Jordi Pujol en el célebre contubernio del Hotel Majestic celebrado el 28 de abril de 1996. La conversación mantenida en el Paseo de Gracia de Barcelona llevó a Aznar a La Moncloa, al imprudente precio de ceder a las sectas catalanistas y a sus émulos en otras regiones el 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Además de esa entrega monetaria, fueron transferidas a Cataluña las competencias en tráfico, sanidad, justicia, empleo, medio ambiente, vivienda, agricultura y cultura. También la de educación, cesión que dejó el camino despejado para un adoctrinamiento hispanófobo apoyado por un importante y subvencionado aparato mediático que tiene eco exterior gracias a las mal llamadas embajadas catalanas donde hace fortuna una nutrida colonia de meritorios lazis. Un cuarto de siglo después los efectos de tan descabellada negociación son evidentes. Varias son las generaciones de españoles que, estabulados en sus terruños, reniegan de todo aquello que tenga que ver con España, comenzando, en muchas ocasiones por el propio idioma español.
Culmina de este modo un largo proceso de «normalización lingüística» larvado durante décadas cuyo efecto es la configuración de una España en la que cada comunidad autónoma debe hallar, a la picassiana manera –«yo no busco, yo encuentro»-, su cultura propia, localista universo en el que destaca, por sus efectos incomunicadores, la «lengua propia» que en ningún caso debe ser la española, sustituida conceptualmente por el castellano para mejor ajustarse a las fronteras de una plurinación plurilingüe en la que sus ciudadanos, de asimétricos derechos, se comuniquen en la lengua del terruño o en el globalizador idioma inglés.
Casi al mismo tiempo que esto ocurría en España, el pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional para reconocer al español y a las lenguas indígenas como lenguas nacionales de México. A partir de ahora, a falta de la ratificación del Senado, según reza un nuevo artículo de la Carta Magna, «El Estado promoverá una política lingüística multilingüe que propicie que las lenguas indígenas alternen igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados». Culmina así un proceso impulsado por instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), capaz de clasificar la gran diversidad lingüística de los pueblos indígenas mexicanos.
En plena reforma no faltó la voz indigenista de Morena. De este modo, la diputada Aleida Alavez pronunció estas palabras en un cristalino español: «Hoy es un día en que el Estado mexicano reivindica a todas las lenguas de los pueblos indígenas que, al igual que el español, conforman las lenguas nacionales, sin subordinación, con igualdad de trato». Así, por la vía jurídica se pretende poner en pie de igualdad la lengua de Octavio Paz con las habladas por pequeñas comunidades a las que ya nos hemos referido en anteriores ocasiones. La cuestión no es nueva ni ideológicamente neutra. Como es sabido, el interés por las lenguas indígenas del Nuevo Mundo, definición de un continente solo tenido por tal desde las coordenadas en las que se movían los hablantes de una lengua, la española, capaz de incorporar ideas filosóficas como la de mundo, metonimia del cofre en el que las novias anillos, collares y otros efectos, fue muy temprano. La labor apostólica española se hizo, en gran medida, en las «extrañas y peregrinas» lenguas en las que hablaban unos naturales dejados de la mano de Dios. Guiados por el anhelo misionero, aquellos hombres fueron capaces de confeccionar gramáticas y diccionarios que, en algunos casos, se adelantaron a los elaborados en Europa con lenguas nacionales.
No es, evidentemente, un afán religioso el que mueve a los políticos españoles o mexicanos a fomentar lenguas locales, regionales o indígenas, por emplear una terminología extensible a España, si se tienen en cuenta los extravagantes y racistas intentos de conectar a algunas de sus regiones con los arios o los celtas. El empeño, más allá de ingenuos intentos de reparaciones históricas, es muy otro y supone la destrucción de gran parte del legado del Imperio español: las naciones políticas en las que se habla la lengua de Cervantes y Rulfo. Un proyecto, el del fomento de las lenguas indígenas de ambos hemisferios, que se ajusta al proceso de secularización del mito de la Gracia, aquel que condujo a la cristalización de otro no menos oscuro, el mito de la Cultura en el que se amparan unos dirigentes que, sépanlo o no, trabajan a favor del imperialismo anglosajón frente al que se alza la China que ha optado por el español como idioma extranjero complementario al mandarín dentro un sistema educativo que alcanza a cientos de millones de individuos.
