Llarena no retirará la Euroorden y procesará a Puigdemont por malversación agravada: 12 años de cárcel

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El juez Pablo Llarena mantendrá la Euroorden pese a los impedimentos alemanes y juzgará a Puigdemont por malversación agravada, un delito que permite llegar a los doces años de prisión.

Llarena no va a parar de buscar Justicia frente a los golpistas por mucho que un tribunal alemán ponga obstáculos. El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein ha dictado este pasado jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y ha indicado que permitirá la entrega a España sólo en base al delito de malversación, pero no al de rebelión.

Pese a ello, el juez Llarena quiere que, mientras que se dirimen otras posibilidades, el proceso continue y que Puigdemont venga a España para dar cuenta de sus delitos ante el Tribunal Supremo.

Y, para ello, tiene clara la estrategia: aplicar el tipo agravado de la malversación de caudales públicos que aparece recogido en el articulo 432.3 del Código Penal, una modalidad que entra cuando el daño provocado en los caudales públicos es muy elevado.

Este artículo señala que “se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años” si “se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público”, o “el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros”. Es más, “si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado”. Esta última posibilidad será por la que opte Llarena, de modo, que pueda llegar hasta los 12 años de prisión.

La pena más elevada por malversación

Evidentemente, esta aplicación no permite llegar a los 25 años que permite la posibilidad del delito de rebelión, pero sí permite seguir con el proceso con garantías de poder aplicar una pena elevada de prisión y, además, da tiempo para dirimir el problema del juicio por delito de rebelión, tal y como recogió en su auto de procesamiento el propio juez Llarena.

El plan de Llarena conseguiría así paliar la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, que ha rechazado la petición formulada por la Fiscalía regional. La Fiscalía, tras examinar la Euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga.

Puigdemont lleva, así, más de cinco meses fugado de España. Recaló en Bélgica y viajó desde allí a otros países como Dinamarca o Finlandia. Y en todos ellos ha acabado aprovechándose de recovecos legales para sortear el envío a España. El pasado 25 de marzo fue por fin detenido en un área de servicio en Alemania, mientras realizaba un viaje por carretera desde Finlandia, a donde había acudido para dar una conferencia.

Los jueces alemanes, eso sí, han rechazado que Puigdemont pueda ser víctima de ninguna persecución política en España, tal y como había esgrimido la defensa para socavar la solicitud de extradición.