Salvador Illa aparece retratado en el caso PSOE-Koldo en innumerables informes de la policía judicial. La versión del que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia de covid y ahora candidato en unas semanas a las elecciones catalanas, sin embargo, ha obviado todo lo relevante de una actitud que fue necesaria para que el cobro de comisiones ilegales se pudiese llevar a cabo. Estas son los principales hechos que apuntan a Illa y él decidió negar en su comparecencia en la comisión del Senado por el caso de corrupción.
En primer lugar hay que recordar que un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares analizó la compra de mascarillas a la empresa ligada a Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos e inicialmente de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE nacional, y ese informe asegura que una de las sociedades implicadas en la trama de corrupción contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material por valor de 40,5 millones de euros durante la pandemia de covid. Y ese contrato tuvo que pasar por la mesa de Illa.
El organismo de fiscalización balear realizó un informe sobre todas las adquisiciones de mascarillas y otros materiales sanitarios por parte del ejecutivo regional que mandaba Francina Armengol –ahora presidenta del Congreso de los Diputados– en 2020, en el que analizó, entre otros, el contrato de 3,7 millones de euros por casi 1,5 millones de mascarillas FFP2 con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad relacionada con Koldo García Izaguirre y que contrataba, a su vez, con las de Víctor de Aldama –contacto de Begoña Gómez en sus reuniones con Globalia, la compañía que por las mismas fechas fue rescatada por el Gobierno de su marido y presidente–.
Al analizar los datos de esa empresa y los datos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Oficina Anticorrupción balear constató que la empresa Soluciones de Gestión en cuestión contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia.
El informe subraya, además, que Soluciones, que tenía como apoderado a Íñigo Rotaeche Lachiondo, uno de los detenidos por presunto cobro ilegal de comisiones, nunca había tenido contratos de suministro de material de protección sanitaria antes de la declaración del estado de alarma.
Y todo ello tuvo que saberlo Salvador Illa.
La sociedad limitada Purdey Investment, que figuraba como administrador único, tenía a su vez como administrador a José Ángel Escorial, quien, según recoge la Oficina Anticorrupción, fue investigado en el caso ‘Paradise Papers’ por la propia Audiencia Nacional en 2019 en el marco de unas pesquisas sobre posibles pagos de sobornos de la empresa Mercasa a funcionarios públicos en Angola.
Y, de nuevo, es imposible que no lo supiera Illa porque se trataba de información pública.
Para colmo, Soluciones de Gestión entró en el ‘megacontrato’ que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020. El equipo de Salvador Illa, actual candidato del PSC, quería agilizar el suministro de material sanitario mediante esta gran operación y fue él quien dio el visto bueno a ese contrato. Un total de 155 empresas, con un total de 475 ofertas para los once lotes, pelearon por estos 2.578 millones de euros en adjudicaciones. Pues bien, una vez concluido el proceso, el Acuerdo Marco adjudicó los lotes a 72 empresas. Y la UTE de Soluciones de Gestión con Ferrovial fue una de los elegidos. De nuevo, bajo conocimiento de Illa.
No fue hasta noviembre cuando el equipo de Salvador Illa anunció que había completado la adjudicación de los 11 lotes que recoge este acuerdo y en enero de 2021 se formalizó la elección de estos proveedores. La UTE de Soluciones de Gestión fue la adjudicataria de los lotes 8 y 9. Todo ello, como no, con conocimiento de que esta empresa contaba con la presión expresa de Koldo y su gente para que fuera contratada.
Illa dio prioridad a la empresa de Koldo
El Ministerio de Sanidad dio por bueno que las Comunidades Autónomas tuvieran que pagar las mascarillas a un precio de 1,13 euros la unidad. Otras empresas, que recibieron una puntuación inferior en la licitación, ofrecían el mismo tipo de mascarillas a un precio de 0,41 euros por cada mascarilla, según consta en el catálogo del lote ocho.
El megacontrato de Illa acabó siendo un fiasco. Empresas del sector estiman que apenas se ejecutaron un 6% de los 2.500 millones aprobados. El contrato intentaba acabar con las adjudicaciones de material sanitario a dedo, así como regularizar y centralizar las compras de los gobiernos autonómicos. El acuerdo marco, en principio estrictamente regulado y transparente, fue el instrumento elegido.
En ese momento, nueve meses después del inicio de la pandemia, prácticamente todos los organismos y administraciones ya estaban abastecidos de mascarillas tras las cuestionables primeras adjudicaciones a dedo a proveedores como Soluciones de Gestión, según la Fiscalía.
