Un PSOE a la baja en las encuestas queda marcado por una semana cargada de escándalos.
Este viernes se cierra una de las campañas electorales más agitadas que se recuerden. De manera oficial, como marca la Ley Electoral, ha durado 15 días. Sin embargo, los partidos llevaban preparando esta cita del 28 de mayo en fondo y forma desde hace meses. Un 28-M que actúa como punto y aparte en este sentido y que desde el mismo lunes, con los resultados en firme, ya tendrá nuevas armas para afrontar las generales de final de año.
Unos resultados que, según las encuestas, plantean un bajón del PSOE respecto al PP, que recorta distancias a nivel general en todo el país. Números que ya eran negativos antes de que dos grandes temas capitalizaran la atención de estos quince días: Eta y el fraude electoral.
La primera semana, la presencia de 44 etarras condenados en las listas electorales de Bildu marcó la agenda política. Otegui maquilló la infamia retirando a los siete que llevaban a la espalda delitos de sangre mientras Sánchez hacía mutis en su gira de actos electorales por España.
Sólo habló una vez, en un duro enfrentamiento en el Senado con un Feijóo que le echó en cara que no sólo mantuviera sus pactos con la formación vasca, sino que no se comprometiera a romperlos o renovarlos tras saber de la presencia de etarras en sus listas.
Las denuncias por posibles ilegalidades cayeron en saco rato salvo una. Dignidad y Justicia logró que la Fiscalía, influenciada por Moncloa, rectificara su decisión de no considerar inhabilitada a la etarra Majarenas y así la Junta Electoral pudo certificar que su condena por inhabilitación le impide presentarse este domingo.
Tras la ola de noticias, comentarios y reacciones sobre Eta y Bildu, la segunda semana se ha visto asaltada por el fraude electoral. “Es sencillo y es seguro”, decía Sánchez en 2021. Y tras el seguir el camino de migas que iba dejando las noticias sobre asaltos a carteros e inusitadas colas en Correos, saltó el escándalo: una investigación de la Guardia Civil ponía el foco en Coalición por Melilla, socio de gobierno junto al PSOE, en un supuesto caso de fraude electoral por compra de votos por correo.
De Melilla se saltaba a Mojácar, de Mojácar a Albudeite y de Albueite a La Gomera. Entre 100 y 250 euros ofrecía la agrupación socialista de estos dos municipios por meter la papeleta del PSOE en la urna. Con personas en riesgo de pobreza y de exclusión social en el punto de mira, se llegaba a ofrecer hachís por voto.
Los problemas para los socialistas no acababan ahí. El rango de actuación pasaba de fraude electoral a secuestro y agresiones. El número dos del PSOE andaluz era imputado este jueves en el caso del secuestro de una concejal en la localidad de Macarena, donde fue alcalde.
En Santa Cruz de Tenerife, el número presentó su renuncia después de ser detenido por una supuesta agresión en un mitin en el que una persona acabó con una pierna rota.
Ya este viernes, el número 20 de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Valencia también renunciaba tras otra denuncia por agresión relacionada con la banda Latin Kings.
Esta retahíla de sucesos ha opacado la intención poco disimulada de Sánchez de copar la campaña de anuncios de medidas del Gobierno. No estuvo en el arranque al llegar de su reunión con Joe Biden en Washington. Pero en cuanto subió al escenario, Sánchez empezó a tirar de la chequera de Moncloa: derecho al olvido oncológico, cine a dos euros para los mayores, adelanto de la jubilación para discapacitados, 38,5 millones de euros para salud mental y ley de paridad salían a la luz en los mítines, que se viera bien la bandera socialista ondeando de fondo. Y para el último día, el último anuncio: becas de hasta siete mil euros para quien quiera ser funcionario.
Las dádivas de Moncloa se fueron frenando a medida que los escándalos ahogaban mediáticamente el rédito que pudieran sacar. Y de nuevo los clásicos ataques al PP pasaron a llenar el silencio sobre Bildu y el fraude electoral.
