Los asesores del Govern pedían aprobar la desconexión tras proclamar la independencia

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), el comité de expertos que asesoró al Govern de Artur Mas en el impulso del proceso independentista entre 2013 y 2014, recomendaba explícitamente que ley de Transitoriedad –que en su caso denominaron “ley constitucional provisional”– se aprobara por parte del Parlament “a partir de la proclamación de independencia”, ya fuera “en el mismo acto” o “en un momento inmediatamente posterior”.

La aprobación de la ley de Transitorietat, que fue registrada por los grupos independentistas el pasado lunes, fue motivo de discusión recurrente entre Junts pel Sí y la CUP estas últimas semanas. Con el fin de evitar una prolongación del calendario excesiva, los cuperos apostaban por una aprobación previa al referéndum previsto para el 1-O, mientras que el PDeCAT era partidario de una aprobación una vez se hubiese celebrado el referéndum y hubiese ganado el sí a la secesión.

Finalmente, hubo punto de encuentro y se impuso la idea de la CUP. Ambos grupos se comprometieron a aprobar la ley antes del 1-O. Eso sí, se aplica parte del criterio precisamente de algunos asesores que en su momento trabajaron en el CATN: el de que la ley se apruebe con un carácter “suspensivo”, es decir –y como es lógico–, condicionando su entrada en vigor al resultado del referéndum, como indica la disposición final tercera. Ahora, la CUP aspira a acelerar más los tiempos y que las dos leyes claves, la del Referéndum y la de Transitoriedad, se aprueben antes incluso de la Diada del Onze de Setembre.

En su momento, el CATN tenía claro que la ley constitucional provisional solo podría aprobarse después de “proclamar la independencia”. Cabe recordar que los informes de los asesores –y, en concreto el número 10 que analiza el proceso constituyente– planteaban una hoja de ruta bien distinta a la que finalmente ha seguido el bloque soberanista, que durante esta última legislatura decidió añadir el referéndum como paso previo a la proclamación del nuevo Estado.

Eso obligó a muchos de los primeros asesores de Mas –que ahora se mantienen en el organigrama de la Generalitat como cerebros del proceso– a adaptar sus primeros informes a las nuevas circunstancias y dar sentido jurídico a los cambios. A pesar de los virajes, el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional de Catalunya, que compila los 19 informes, se mantiene en la web de la Generalitat con el objetivo de que los ciudadanos lo consulten como punto de referencia del proceso soberanista.

“Una mayoría lo más amplia posible”

El informe también hacía otras recomendaciones. Por ejemplo, dejaba claro que la naturaleza “constitucional” de una ley de estas características aconsejaba que ésta “se apruebe con una mayoría lo más amplia posible”, aunque matizando que eso no es “estrictamente necesario en términos jurídicos”.

De esta manera, el CATN no se atrevía a poner cifras a estas mayorías y subrayaba que la nueva ley formaría parte de un “proceso constituyente nuevo y originario”, lo que significa que “no estaría sometido a ningún procedimiento previo ni a ningún régimen especial de mayoría”, lo que en la práctica significa que apelar a mayorías como las necesarias para aprobar el Estatut no sería, a juicio de los asesores, un argumento suficiente.

Más recomendaciones

Respecto al resto del informe, la ley presentada esta semana por JxSí y CUP sigue con bastante exactitud los consejos de los asesores. El CATN subrayaba en el texto que la susodicha ley debía contener las fases del proceso constituyente, la adaptación del sistema institucional de Catalunya, el régimen provisional de derechos de los ciudadanos o la regulación de la nacionalidad y del uso de las lenguas oficiales. Los principios básicos que recomendaba era hacer una ley corta que no prefigurara elementos de la futura Constitución y que, con el fin de evitar inseguridad jurídica, mantuviera una cierta “continuidad” con las leyes anteriores.

Por ejemplo, recomendaba claramente que el presidente de la Generalitat se erigiera provisionalmente en jefe del Estado, combinado el cargo con el de jefe del Ejecutivo catalán, como así está redactado en la ley. Y subrayaba la necesidad de articular un nuevo poder judicial, cosa que propio aunque heredara’ elementos del español, como también especifica la norma de JxSí y CUP. En cambio, también veía con buenos ojos de crear órganos reguladores, algo que no se ha contemplado en la actual ley.

También existe alguna diferencia en los tempos del proceso constituyente. Por ejemplo, el CATN apostaba claramente por unas elecciones constituyentes como “primer paso” y que deberían convocarse “inmediatamente después de la proclamación de independencia”, mientras que la ley de Transitoriedad prefiere optar por un plazo de seis meses de deliberación participativa con los ciudadanos. El CATN contemplaba esa participación ciudadana pero ya con el parlamento constituyente en marcha.

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