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Los ataques del PP al campo y a la industria en Castilla y León

Pese a que el Partido Popular no ha escatimado en sus ataques contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones al diario ‘The Guardian’ en las que arremetía directamente contra el campo español asegurando que la carne que se produce en España es «de mala calidad», la realidad es que el PP contribuye de forma directa en el ataque al campo y a la industria que está liderando la izquierda.

Los populares participan de la acometida al campo español con la asunción de la Agenda 2030, que representa una grave amenaza para agricultores y ganaderos. En Castilla y León, una comunidad en la que el sector agropecuario es un potente tractor de la economía que da empleo a 38.400 personas, con 3.060 empresas que facturan cerca de 10.000 millones de euros –lo que supone un 5 por ciento del PIB regional– el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha impulsado un plan de Acción pionero en España para la implantación de la agenda globalista.

En su presentación del plan afirmó que el futuro de Castilla y León era «sostenible, verde, igualitario, moderno…». «Somos pioneros en situar la Agenda en la política real (…), la Agenda 2030 sí existe en esta región», añadió, sobre una estrategia que incluye la demonización de agricultores y ganaderos, y que favorece la competencia desleal extracomunitaria, el principal enemigo del sector primario español.

La Agenda 2030 también es incompatible con la solución a uno de los problemas más graves que sufre Castilla y León: la reindustrialización. En la comunidad, la facturación de la industria cayó un 1,4 por ciento en el mes de octubre de 2021 con el cuarto peor dato del país. Impulsar la industria y generar puestos de trabajo de alto valor añadido es incompatible con la agenda globalista que respalda el PP y que señala a emprendedores y a fábricas por incrementar los niveles de contaminación.

Además de la adopción de políticas y de planes ideológicos que van en contra de un futuro impulso a la industria castellanoleonesa, hasta ahora el PP tampoco ha contribuido al mantenimiento de las fábricas de la región.

Así, en el año 2017, el ministro popular de Energía, Álvaro Nadal, anunció el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. El desmantelamiento de la planta, propuesto en un primer momento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo oficial con Mariano Rajoy, pese a que la planta había recibido el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para funcionar hasta 2031. En contra de la persecución que los gobiernos del PSOE y del PP han perpetrado contra las nucleares durante las últimas décadas, este año la Comisión Europea ha reconocido la energía nuclear como verde al menos hasta 2045.

Durante los años en los que la comunidad ha estado bajo la administración del PP, no solo se ha cerrado la central de Garoña, en julio de 2020 también se decretó el cierre de las tres centrales térmicas que existían en la región. Pese a que Mañueco ha señalado a «las políticas de Sánchez» que «precipitaron el cierre de minas y térmicas», su formación no consiguió mantener operativas las plantas al no aplicar las mejoras medioambientales exigidas por Europa para poder continuar con su actividad. La demolición de estas centrales también supuso la destrucción de cientos de empleos y del ingreso de millones de euros en las arcas municipales.

Y no solo eso. Pese a que los populares han respondido con críticas al ataque de Garzón a las macrogranjas y Mañueco ha pedido incluso la dimisión del ministro, el PP se ha movilizado contra estas instalaciones ganaderas en, al menos, 37 municipios. La mayoría se encuentran en Castilla y León.

Además de esto, también han aprobado normas municipales que regulan aspectos que afectan directamente a la construcción de nuevas instalaciones. Por ejemplo, a través de la regulación del vertido de residuos de origen ganadero, la suspensión de licencias para su edificación o la modificación del Plan de Ordenanza Municipal para impedir la contaminación del suelo y los acuíferos.

Mientras el PP de Mañueco continúa así poniendo trabas al campo español, el presidente de la Junta se dedica a visitar distintas granjas de la comunidad en «defensa» de los ganaderos de la región ante las elecciones autonómicas que se celebran el próximo 13 de febrero en Castilla y León.