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Los crímenes de Ortega deslegitiman las próximas elecciones y propician más sanciones de la comunidad internacional – La Gaceta de la Iberosfera

El encarcelamiento de opositores entre ellos seis aspirantes presidenciales a través de leyes aprobadas como herramientas de represión, está creando mayor presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Daniel Ortega. Estados Unidos y Canadá anunciaron sanciones contra 115 funcionarios en la última semana.

Estados Unidos anunció el retiro de visas contra 100 funcionarios del régimen en la Asamblea Nacional y el poder Judicial por contribuir a la erosión de la democracia en Nicaragua. Mientras, Canadá anunció sanciones contra 15 altos funcionarios del régimen, por violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas.

Entre los 15 sancionados esta la hija de Ortega y Rosario Murillo [vicepresidenta de Nicaragua y esposa del dictador], Camila Ortega Murillo, que el 9 de junio también fue sancionada por Estados Unidos junto a otros tres altos funcionarios del régimen de sus padres.

Se trata de la segunda jornada de sanciones de Canadá que en junio de 2019 designó sanciones para la esposa de Ortega y su hijo Laureano Ortega Murillo, y jefes de la policía por violaciones a los derechos humanos. Antes de las últimas designaciones Estados Unidos había sancionado a más de 30 altos funcionarios de la dictadura sandinista.

El analista político y consultor jurídico Oscar Carrión sostiene que la presión de la comunidad internacional es en reacción a las acciones de Ortega.

“Seguimos en un ambiente de persecución, censura, amenazas,  acoso, intimidación, agresiones, encarcelamiento, secuestros exprés, desapariciones forzosas, de sistemáticas violaciones a derechos humanos a las libertades públicas y violaciones a derechos civiles y políticos; en consecuencia el propio régimen Ortega Murillo que en teoría debería estar procurando legitimidad y reconocimiento, es el que ha propiciado y provocado la reacción de presión conjunta de la comunidad internacional que se expresan en sanciones a los funcionarios y allegados al régimen”.

Para el experto, la aprobación de leyes de censura y que coartan los derechos civiles de los nicaragüenses y el encarcelamiento de ciudadanos que estarían participando en el proceso electoral viene a deslegitimar con anticipación los comicios y el reconocimiento de la comunidad internacional a los mismos.

“Lo peor del caso es que cada día que transcurre hay mucho menos posibilidades de corregir y subsanar aquellos aspectos de vital importancia para considerar un proceso electoral justo, libre, transparente y observado”.

Pero la falta de legitimidad de las elecciones no se resume solo al encarcelamiento de aspirantes presidenciales, y a la presión contra los opositores y partidos políticos, el régimen no cumplió el acuerdo de reformas electorales que suscribió desde el 2017 con la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El plazo para esas reformas venció el 31 de mayo, y tras el fin de ese término Ortega ha emprendido una cacería contra la oposición.

Parte de esas reformas contemplarían auditoria en el padrón electoral, conteo a pie de urnas, presencia efectiva de los actores políticos en las mesas de votación, y una observación nacional e internacional, aspectos elementales para elecciones creíbles.

“A estas alturas los temas de auditoria del padrón, observación electoral previa, voto de nicaragüenses en el exterior, y hasta la misma inscripción de candidatos resultantes de un proceso de selección interna democrático y más o menos salido de algún mecanismo participativo y popular, son casi nulas dado que los tiempos aún y cuando la dictadura decidiera cambiar ciertas cosas y hacer ciertos ajustes, son técnicamente incompatibles con lo que se requiere para adjudicarle la credibilidad suficiente y necesaria en que se consideren un proceso básicamente limpio, justo y transparente”, subrayó Carrión. 

El analista considera que el problema principal en Nicaragua radica en la falta de voluntad política del régimen para encontrar soluciones a la grave de crisis de gobernabilidad y socio política, algo que considera “inexorablemente se enrumba a otra ruta de ilegitimidades institucionales que la comunidad internacional aún con la participación electoral de ciertos actores políticos –unos obligados y otros voluntarios–, deberá declarar y actuar en consecuencia en su oportuno momento si el régimen sigue destruyendo los puentes y pateando las escaleras que de forma hasta excesiva le ha tendido la comunidad internacional, hasta ahora sin resultados positivos”.El analista considera que el problema principal en Nicaragua radica en la falta de voluntad política del régimen para encontrar soluciones a la grave de crisis de gobernabilidad y socio política, algo que considera “inexorablemente se enrumba a otra ruta de ilegitimidades institucionales que la comunidad internacional aún con la participación electoral de ciertos actores políticos –unos obligados y otros voluntarios–, deberá declarar y actuar en consecuencia en su oportuno momento si el régimen sigue destruyendo los puentes y pateando las escaleras que de forma hasta excesiva le ha tendido la comunidad internacional, hasta ahora sin resultados positivos”.

Carrión dijo que espera que la oposición haya aprendido bien la lección al “no haber tomado en cuenta las recomendaciones y el clamor de ese más del 70% de la población que demandaba siempre libertades, justicia y democracia antes de jugar en el amañado escenario electoral donde por artimañas de la dictadura y por complacencia voluntaria de algunos devenidos dizque opositores, fueron cayendo poco a poco hasta llegar al punto del colapso en que actualmente nos encontramos”.

Mientras el panorama en Nicaragua es cada vez más sombrío al aproximarse las elecciones, nuevas sanciones podrían ser anunciadas contra el régimen de Ortega por el Parlamento Europeo, que exigió en una reciente resolución se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (ADA) entre la Unión Europea y Centroamérica hasta que la dictadura libere a los presos políticos, levante el estado de emergencia y haga las modificaciones correspondientes que garanticen a los nicaragüenses unas elecciones libres bajo observación internacional.

El ADA es el acuerdo entre los dos bloques regionales que tiene tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. 

Mientras, en el Senado de Estados Unidos avanza el proyecto de ley de sanciones conocido como Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), que podría ser aprobado en las próximas semanas en esa Cámara, y luego pasaría a discusión en la Cámara de Representantes. 


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