Las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia, el material antidisturbios y las devoluciones en caliente son los tres artículos y la disposición adicional que pueden echar por tierra la prometida reforma de la ley de seguridad, también conocida como ley mordaza.
Casi cincuenta reuniones entre PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts, los seis partidos comprometidos a reformar la norma, que aprobó con mayoría absoluta el PP en 2015, no han conseguido hacer frente común en estos cuatro puntos.
Para los tres primeros partidos -PSOE, UP y PNV- son los únicos aspectos de la reforma que les alejan de los otros tres -ERC, Bildu y Junts- con los que, subrayan a EFE distintas fuentes parlamentarias, han conseguido consensuar medio centenar de enmiendas con medidas concretas para el 98 por ciento del texto actual.
No obstante, sobre estos cuatro escollos -material antidisturbios (artículo 23); desobediencia y resistencia (36.6), las faltas de respeto a la autoridad (37.4) y devoluciones en caliente (disposición adicional)- hay enmiendas pactadas entre PSOE, Unidas Podemos y PNV que ya han visto los otros tres y que se llevarán el martes a Comisión.
Fuentes consultadas apuntan a EFE que el punto que más tensiona y distancia al grupo pro reforma son las pelotas de goma, sobre las que desde el inicio de las negociaciones tanto el PSOE como el Gobierno han dejado claro que es una línea roja y que, por tanto, no están dispuestos en modo alguno a hablar de prohibirlas ni sustituirlas por proyectiles de foam como usan los mossos.
Según la última propuesta de los socialistas junto con Unidas Podemos y PNV la futura ley incorporaría en su exposición de motivos una «referencia» a este tipo de material que en otra disposición adicional incluiría la elaboración de protocolos para su uso y en el que participarían, además de Interior, «expertos y organizaciones de la sociedad civil».
También los tres partidos tienen una nueva propuesta para ajustar el artículo 37.4, con un apartado que especificaría que serán infracción las «expresiones o actos humillantes, despectivas u ofensivas que desacrediten objetivamente el ejercicio» de «un miembro de las fuerzas de seguridad».
En lo relativo a desobediencia y resistencia PSOE, UP y PNV han reescrito su enmienda. Para ser infracción grave -multa de 601 a 30.000 euros- la desobediencia tiene que ser «manifiesta», pero también «clara» a la autoridad, además de que la resistencia a los agentes solo se considere si hay «oposición corporal».
Fuentes parlamentarias consideran que en estos puntos -faltas de respeto y desobediencia- está más cerca el acuerdo y admiten que las posturas están aún muy alejadas en el caso de material antidisturbios y devoluciones en caliente, donde también existe un texto alternativo que persiste en sacar de la norma estos rechazos en frontera para abordarlo en el plazo de un año en la ley de Extranjería.
