Los exconsellers acatan el artículo 155 y se comprometen a seguir la Constitución

El vicepresidente cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, los siete exconsellers y los Jordis encarcelados por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela han seguido este viernes la ‘vía Forcadell’ ante el juez del Tribunal Supremo y han acatado el artículo 155 de la Constitución por el que fueron cesados de sus cargos tras declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.

Pese a ello, el fiscal mantiene su petición de prisión provisional sin fianza para todos ellos al considerar que no han cambiado las circunstancias, puesto que según el Ministerio Público existe riesgo de fuga y reiteración delictiva. El juez decidirá el lunes si permite la excarcelación de los diez encausados, tal como hizo con los miembros de la mesa.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, todos ellos, con mayor o menor contundencia, se han comprometido a no salirse del marco constitucional para conseguir su propósito independentista y que van a hacer política dentro de los cauces legales. En este sentido, las defensas han planteado que muchos de sus defendidos son candidatos a las elecciones del 21 de diciembre y que no pueden prepararlas desde la cárcel. No obstante, el fiscal entiende que el riesgo de fuga está por encima de su condición de candidatos. La Fiscalia en su informe ha individualizado provisionalmente las responsabilidades de cada uno.

Todos ellos, con mayor o menor contundencia, se han comprometido a no salirse del marco constitucional para conseguir su propósito independentista

Tanto el Govern como el Parlament adoptaron una serie de decisiones encaminadas a declarar la independencia de Catalunya a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional y a pesar de la ilegalidad de éstas. Por ello, la Fiscalía General del Estado se querelló contra todos ellos por un delito de rebelión. Junto a los exconsellers se encuentran en prisión los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes también han declarado hoy ante el magistrado.

En su caso, están siendo investigados por un delito de sedición por sus movilizaciones para apoyar y organizar el referéndum así como por sus actuaciones para impedir que la Guardia Civil llevara a cabo unas órdenes judiciales de entradas y registros el pasado 20 de septiembre.

El lunes, la decisión

Después de que el pasado viernes, el magistrado Pablo Llarena asumiera la parte de la investigación contra el Govern cesado y los presidentes de las asociaciones llevada inicialmente en la Audiencia Nacional, todos ellos solicitaron de inmediato su puesta en libertad.

El magistrado del Supremo había sido menos restrictivo con los miembros de la Mesa del Parlament, a quienes habían dejado en libertad excepto a la presidenta, Carme Forcadell, a quien impuso una fianza de 150.000 euros, que pagó en 24 horas.

A la vista de su petición, el instructor les ha interrogado este viernes aunque ya les ha adelantado que la decisión no la adoptará hasta el próximo lunes, día que comienza la campaña para las elecciones del 21 de diciembre, en la que la mayoría de los encarcelados se presentan como candidatos por distintas listas.

Ni Junqueras ni Raül Romeva han respondido a las preguntas realizadas por la Fiscalía, silencios que también podrían ser valorados a la hora de decidir sobre su libertad

El entorno de los presos habían acudido a la declaración de hoy con provisiones económicas para poder pagar la fianza que esperaban les impusiera el magistrado. Sin embargo, tendrán que pasar el fin de semana en prisión hasta conocer el lunes cuál es la decisión definitiva de Llarena.

El juez tendrá que valorar lo afirmado por cada uno de los investigados y su predisposición a colaborar con la Justicia. Ni Junqueras ni el exconseller Raül Romeva han respondido a las preguntas realizadas por la Fiscalía, silencios que también podrían ser valorados a la hora de decidir sobre su libertad.

Asimismo, Llarena tendrá que analizar si entiende que se ha reducido el riesgo de reiteración delictiva y el de fuga. Los exconsellers alegan que el hecho de presentarse como candidatos a los comisiones es una prueba de que no pretenden fugarse, además de alegar su arraigo familiar y social.

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