Jesús Julio Carnero, consejero de la Presidencia, ha firmado con las centrales sindicales la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios y personal de la Administración en el ámbito territorial de Castilla y León, recordando que con ello se cumple el acuerdo que suscribió esta Administración en 2019 con CSIF, UGT y CCOO para la recuperación de dicha jornada laboral.
El consejero mantuvo una reunión previa a la firma llevada a cabo ayer con representantes de CSIF, UGT, CCOO y TISCyL para comunicarles que la Junta de Castilla y León quería implantar la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de junio de 2023, y que por lo tanto se iniciaría la negociación con dichas organizaciones sindicales para cumplir dicho objetivo.
Con este acuerdo la Junta de Castilla y León da respuesta a una de las demandas de los empleados públicos, que supondrá la recuperación de la jornada que estaba en vigor desde 2003 y que por la crisis económica en 2013 fue modificada a 37,5 horas semanales.
Para hacer efectiva esta medida la Junta de Castilla y León aprobará en los próximos días un Decreto-ley que regula esta jornada y su implantación.
Por delante queda un trabajo exhaustivo por parte de los diferentes órganos de la Administración Autonómica para establecer nuevos horarios, calendarios y las contrataciones de personal que sean necesarias para hacer efectiva la reducción de jornada acordada.
Mejoras en la Función Pública
La negociación entre los responsables políticos de una Administración y los responsables sindicales, debería de ir acompañada de un documento en el que las dos partes se beneficien.
El problema es que llevamos décadas en España, en cualquier Administración, en la que solo aparece una parte de la reivindicación, la de los funcionarios. Eso se ha traducido en que los «clientes» de la Administración cada día encuentran más y más trabas para acceder a los servicios públicos y esos servicios se han visto deteriorados en gran medida.
A modo de ejemplo, nos hemos acostumbrado que para acceder a determinadas oficinas como el SEPE, ECYL, Hacienda, Seguridad Social, así como a muchos Ayuntamientos, tengamos que solicitar cita previa, que se impuso por gestionar la pandemia de forma adecuada, pero que se ha quedado implantado en la mayoría de administraciones.
Hay más plantilla, hay más medios, hay más sistemas informáticos y hay más sedes administrativas, pero cada día hay más noticias que hablan de citas que se demoran meses, problemas graves a la hora de renovación de documentos o de prestaciones, por no hablar de los problemas que se llevan soportando en la Justicia desde hace meses.
Los políticos, además de firmar prebendas, deberían de pensar mucho más en los sufridos usuarios que son los que sufragan con los impuestos, cada día más desbocados, cuando desarrollan las negociaciones entre políticos y funcionarios.
