Las medidas «provida» anunciadas el pasado jueves 12 por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, siguen dando de qué hablar. Más allá de los vaivenes políticos que están ocasionando, especialidades médicas han manifestado su contrariedad, como es el caso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). «Creemos que la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas«, han expresado.
Lo han hecho a través de un comunicado, en el que han participado la Sección de Ecografía Obstétrico-ginecológica y la Sección de Medicina Perinatal, y han realizado un repaso profesional de las propuestas de la formación comandada por García-Gallardo: obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar el escuchar el latido fetal, una ecografía 4D y acceso a tratamiento psicológico.
«El uso de ultrasonidos convencionales (ecografía modo B y modo M) se considera seguro durante el embarazo. En fase embrionaria (hasta la 10+6 semana) se recomienda que la evaluación ecográfica del latido sea preferiblemente de manera visual«, explica la entidad en referencia a la propuesta de ofrecer a la mujer escuchar el latido fetal.
Respecto a esto, expresan que la última Guía de Práctica Clínica de la SEGO recomienda que «la evaluación con Doppler —el aparato que permite escuchar el lato fetal desde el exterior— sólo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica«. En la siguiente fase, el periodo fetal, puede ser empleado rutinariamente para «ciertas indicaciones clínicas», como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas.
Según la institución, el motivo está en que «existe consenso» respecto a la utilización prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los «potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión», por lo que la medida anunciada por Vox podría ser peligrosa.
También insisten en que la ecografía 3D/4D «no forma parte» de la sistemática asistencial, como tampoco puede encontrarse recomendación alguna para su práctica ordinaria, algo que ya confirmó EL ESPAÑOL con fuentes del Ministerio de Sanidad. Según comunicaron, no hay conocimiento de «ningún otro protocolo similar» en ninguna comunidad autónoma, por lo que Castilla y León sería la primera en implantarlo, en contra de las recomendaciones de profesionales como los ginecólogos.
También psicólogos consultados por este medio declararon su oposición por los perjuicios mentales que pudieran ocasionar estas prácticas en las mujeres. «Sabemos fehacientemente que el hecho de abortar, en sí mismo, no provoca ningún problema psicológico. Sí lo hace que sientan culpa por abortar, que lo hagan sin apoyo o que tengan dificultades a la hora de hacerlo. Esto es lo que hace que luego aparezca ansiedad, depresión y otros trastornos que hagan que la persona acuda al psicólogo o al psiquiatra», indicaba el psicólogo sanitario Eparquio Delgado.
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Más allá de la posición meramente sanitaria, la SEGO ha querido declarar su concordancia con la legislación vigente respecto a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y transmitir su «máximo respeto» a las mujeres que se encuentran en esa situación.
Aun así, matizan que no tienen constancia de este nuevo procedimiento. En el caso de que se confirme, manifiestan lo avanzando al principio de este artículo: «Creemos que la comunidad de Castilla y León debería reconsidéralas atendiendo a la opinión de profesionales«.
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