Inicio Actualidad Los intérpretes «blindados» de la Generalitat: 700 euros al día

Los intérpretes «blindados» de la Generalitat: 700 euros al día

És molt difícil per a la gent del carrer, pels activistes, arribar a governar? La política ha d’anar cap aquí? Cap a incorporar persones que venen del carrer? Quizá, aunque usted no hable catalán, entienda en líneas generales la pregunta. Pero si esta cuestión se la hace una periodista durante una entrevista televisada en directo y no habla esta lengua, lo más probable es que se quede con la misma cara que puso el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. En la mesa del programa «Preguntas frecuentes», moderado por Laura Rosel, se encontraba el político colombiano y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Por un oído escucho la traducción y con el otro trato de entender directamente y tengo una confusión», le explica Fajardo a Rosel. Ella se la repite de nuevo en catalán. Colau y ella ríen. Él insiste. «No entiendo, me lo puede decir en español, en castellano», le pide el suramericano a la alcaldesa que al final es ella quien ejerce de traductora. Una situación ridícula que en los últimos días se ha convertido en viral (aunque la entrevista se emitió el 20 de octubre). Lo más chocante es que tras concluir la entrevista a tres, se abre el debate con otros tertulianos y la charla vira al castellano. Salvo la presentadora, que continúa en catalán. El intérprete del programa sigue traduciendo a través de un auricular al alcalde de Medellín (el único que no es catalán parlante) durante el resto de la entrevista. Las dudas y quejas que han inundado las redes sociales coinciden en por qué si todos hablaban castellano no se utilizó este idioma para entrevistar al colombiano y ahorrar así un servicio extra (el de la traducción simultánea) a costa del contribuyente. ¿Es necesario que una televisión pública invierta en servicios de interpretación cuando son, en determinados casos, claramente innecesarios? ¿Por qué Rosel se negó a pronunciar una palabra en castellano mientras que en ocasiones anteriores sí lo hizo, por ejemplo, para entrevistar a un miembro de ETA? «Yo ya estoy de vuelta en Colombia con todas las controversias de acá…», zanja el ex alcalde de Medellín cuando este diario se pone en contacto con él para saber cómo vivió ese incómodo momento.

Lo cierto es que la televisión «de la Generalitat», TV3, se ha convertido en la mayor abanderada de la defensa del catalán en una obsesión que roza el esperpento, como pudo verse en este programa del ente público, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la cual recibió este verano una inyección de 20 millones extra. Aunque, sin duda, este sinsentido también tiene su parte positiva, sobre todo para el sector de los intérpretes y traductores de catalán al castellano que han visto cómo en estos años su trabajo cotiza al alza. LA RAZÓN ha hablado con una docena de ellos que han explicado con detalle el impulso que ha tomado su profesión. Eso sí, todos han pedido anonimato por si sus opiniones «incomodan» a los inquilinos de la Generalitat y prescinden de sus servicios. «Ahora podríamos decir que estamos en temporada alta, porque los actos oficiales para los que nos llaman se suman a los congresos y reuniones empresariales que se multiplican en estas fechas. Nosotros habitualmente trabajamos para instituciones de la Generalitat y también para la televisión pública catalana siempre que nos los solicitan», explica una de las trabajadoras de la principal asociación de traductores de Cataluña. Ellos realizan traducciones simultáneas como la que tuvo lugar en el programa «Preguntas frecuentes». ¿El precio? «La normativa europea establece que los intérpretes debemos cobrar 700 euros por jornada de trabajo. Es decir, por ocho horas», explica la gestora de dicha empresa. Según detallan, estas jornadas son de ocho horas, pero con trabajo de hora y media y descanso de otra hora y media que es cuando toma el relevo el siguiente. O sea que por una jornada serían dos personas y un total de 1.400 euros. «Aunque en España es un poquito inferior el sueldo», matiza. Según la Agencia Especializada de Traductores e Intérpretes la tabla oficial de precios es de 530 euros por jornada en traducción simultánea y 615 en consecutiva (modalidad que consiste en comenzar a traducir cuando el sujeto ha concluido una frase o argumento). «Además, luego puede subir más el caché en función de la experiencia», apuntan desde la agencia. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los traductores simultáneos? ¿Qué ocurrió durante la entrevista con el «pinganillo» del alcalde de Medellín? «La calidad del sonido debe ser muy buena y es necesario contacto visual con las personas que participan en la charla. Cualquier mínimo error puede dar lugar a una ralentización de la traducción. Normalmente, los intérpretes están en la sala de los técnicos para evitar que haya interferencias. También hay que saber manejar bien los tiempos y tomar las notas necesarias para no olvidar ninguna de las preguntas», aclara otra experta en interpretación catalán-castellano.

Intrusismo laboral

Según Josep, traductor jurado, sus precios son mucho más asequibles: «Por traducir documentos del catalán al castellano cobramos 30 euros», afirma. Sobre la labor de los intérpretes dice que él sabe que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en la mayoría de las ocasiones «utiliza a voluntarios para traducir al castellano», con la finalidad de reducir costes. «Hay mucho intrusismo en nuestra profesión. Yo en algunas ocasiones no he cobrado por mi trabajo porque eran actos de barrio y no me importaba», asegura Natalia, que trabaja como traductora de textos del castellano al catalán, sobre todo en cuestión de páginas web y que afirma que el precio medio del pago de estos trabajos es de cuatro céntimos por palabra. «Nuestro trabajo está peor pagado que el de los intérpretes, pero es verdad que ellos necesitan una preparación previa importante para poder traducir en tiempo real sobre temas que, en ocasiones son muy complejos», apunta. Pep es otro de los traductores que durante años ha estado dedicado a la interpretación empresarial, como por ejemplo, «en reuniones con bodegueros catalanes que no querían hablar castellano en sus encuentros con empresarios suramericanos», aclara.

Casos así tampoco es extraño que se produzcan en el Parlament. Hace nueve años se contrató un servicio de castellano para recibir a una comisión de cooperación de Nicaragua. Varios diputados autonómicos exigieron hablar en catalán durante el encuentro y las protestas no se hicieron esperar. Nunca trascendió el coste. La excusa de los políticos catalanes: «Que los visitantes querían escuchar la lengua catalana aunque no la entendieran». Los nicaragüenses no confirmaron la versión y una vez más fue el erario el que pagó la cuenta.