Los ‘Jordis’ y Forn allanan el camino para su libertad

Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn son los tres investigados que, sin contar a Oriol Junqueras, quedan en prisión incondicional por la rebelión en Catalunya. Los tres decidieron sentarse ante el juez del Tribunal Supremo para intentar convencerle que han tirado la toalla y no van a seguir por el mismo camino. Dicen haberse dado cuenta que la unilateralidad no es el camino para conseguir la independencia de Catalunya; reconocen que el referéndum fue ilegal y aceptar que el único válido es el que convoque el Gobierno español.

Con esta declaración se juegan que el magistrado Pablo Llarena cambie de criterio y considere que el riesgo de reiteración delictiva ha disminuido como para levantar la medida de prisión incondicional y modificarla por una fianza. Tanto el presidente de la asociación ANC, Jordi Sánchez, como el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, han sido tajantes (Cuixart no se ha presentado por ninguna lista al 21-D). Si con el nuevo Gobierno se decide continuar con los planes independentistas por la vía unilateral dejarán su escaño y abandonarán la política.

Forn incluso fue más allá y adelantó al instructor que no iba a formar parte del Govern ni ocupar ninguna Conselleria. De esta manera, es más difícil que se pueda justificar un riesgo de reiteración delictiva.

Puigdemont, solo en la unilateralidad

Forn está en prisión por su papel con los Mossos d’Esquadra, al ser él su máximo responsable político de un cuerpo policial acusado de actuar con pasividad durante la celebración del referéndum el 1 de octubre. Sin embargo, fuentes jurídicas explican que es complicado mantener la existencia de ese riesgo una vez que ya no va a formar parte del Gobierno catalán, y por tanto carecerá de capacidad real de tomar decisiones.

Los tres encausados han defendido el mandato de la Constitución y su respeto a la carta magna. Es decir, han reconocido que se actuó en algunos términos fuera de la legalidad pero que eso ya no va a volver a ocurrir. A partir de ahora vuelven a la senda constitucional y a lo que marca la ley, es decir a luchar por una reforma constitucional de manera legítima para lograr su proyecto político.

De sus declaraciones ante el magistrado se desprende que si el candidato de Junts per Catalunya y ex presidente catalán, Carles Puigdemont, es investido y encuentra alguna fórmula para gobernar con la idea de seguir con la hoja de ruta, con ellos no va a contar.

¿Disminuye la reiteración delictiva?

Los hechos por los que están siendo investigados y que son considerados como delitos muy graves llevan su propio camino judicial. Se está llevando a cabo una investigación a través de la Guardia Civil y con el apoyo de la Fiscalía y una vez se practiquen todas las diligencias necesarias se cerrará la instrucción y se llevará a juicio -previsiblemente en torno a dentro de un año- a aquellos contra quienes hay prueba suficiente. Después serán juzgados y en su caso condenados y encarcelados para cumplir su pena.

Pero la prisión preventiva lleva otro cauce. No se trata de que un encausado deba ser encerrado por el daño causado sino por la previsión del daño que puede hacer si sigue en libertad, o si se puede sustraer de la Justicia para evitar ser enjuiciado o finalmente si tiene la capacidad de destruir pruebas o alterar la versión de testigos.

En este punto, el magistrado tiene que analizar si tras las declaraciones de este jueves se puede seguir manteniendo la prisión preventiva. Dependerá en gran medida en la postura que adopte la Fiscalía. El Ministerio Público podría determinar que el caso de estos tres encausados es similar al del resto de ex consellers liberados así como de los miembros de la Mesa del Parlament.

La Mesa como ejemplo

La declaración de los miembros de la Mesa fue un claro ejemplo de lo que puede ocurrir. Cuando el pasado 9 de noviembre fueron interrogados, una de ellas, Ramona Barrufet se salió del guión y dijo de manera clara y contundente que acataba la Constitución. Fue entonces cuando la Fiscalía cambió de criterio y decidió que en su caso no solicitaría prisión incondicional sino una fianza.

Tras el alegato de Barrufet, el resto de la Mesa pidió la palabra a pesar de haber sido interrogados con anterioridad para aclarar que ellos también acataban la Constitución y rechazaron continuar con la vía unilateral para conseguir la independencia. Fuentes jurídicas señalan que fue entonces cuando Llarena cambió de postura y optó por imponer fianzas que les permitiera no ingresar en prisión.

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