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Los letrados del Congreso se alinean con Armengol y apoyan devolver la Ley de Amnistía a la comisión

Un informe de de los servicios jurídicos del Congreso elaborado por los letrados de la Cámara avala la decisión de Francina Armengol de devolver la ley de amnistía a la Comisión de Justicia después del varapalo sufrido por el Gobierno por la decisión de Junts de no apoyar la norma en el último instante.

Pese al debate jurídico -este mismo lunes el jurista Manuel Fernández Fortecha señalaba que la norma había «muerto» en el pleno y la tramitación debería empezar de cero-, los letrados se habrían alineado con la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y habrían avalado que la norma vuelva a la Comisión de Justicia en contra de lo solicitado por PP y Vox, que defienden que la ley decayó la semana pasada.

En el Pleno del pasado martes, la iniciativa legislativa se sometió a dos votaciones de conjunto: una sobre el dictamen, en la que bastaba mayoría simple y se logró mayoría mayoría a favor; y una segunda dado su rango orgánico, donde se requería mayoría absoluta a favor y cosechó mayoría absoluta en contra en una nueva humillación de Junts al Gobierno Sánchez.

PP y Vox sostienen que la proposición de Ley de Amnistía decayó porque en la votación de carácter orgánico fue rechazada por 179 votos, tres por encima de mayoría absoluta. Sin embargo, los letrados rechazan ese argumento alegando que en la votación anterior el dictamen había sido respaldado por el Pleno, también por mayoría absoluta, así que defienden que la norma debe regresar a la Comisión de Justicia para una segunda oportunidad, respaldando así la decisión anunciada tras la votación por Armengol.

El dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, también marca los plazos: señalan que al tramitarse por la vía de urgencia, la comisión contará con 15 días y no con un mes, para emitir un nuevo dictamen. Eso sí, plantean que sean 15 días naturales, no sólo hábiles, y fijan en el próximo 21 de febrero la fecha tope para un acuerdo.

En su escrito, los servicios jurídicos apuntan que en este caso es de aplicación el artículo 131.2 del Reglamento, que es el que citó Armengol tras la segunda votación del pasado día 30 de enero. Ese precepto establece que si un proyecto o proposición de ley orgánica no logra el voto favorable de la mayoría absoluta en la votación final de conjunto el texto «será devuelto a la comisión, que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes».

Los letrados también mencionan el artículo 94, que prevé que los plazos se reducirán a la mitad si una norma se tramita por el procedimiento de urgencia, como es el caso de la Ley de Amnistía. Por eso, sostienen que el mes del que habla el 131.2, debe rebajarse en este caso a 15 días.

«Parece razonable que el cómputo se haga en días naturales«, agrega el escrito de los letrados. Dado que ese periodo empezaría a contar un día después de que la Mesa lo fije este martes, finalizaría el miércoles, 21 de febrero, ya después de las elecciones gallegas previstas para el 18 de este mes. Los juristas del Congreso interpretan que «a este plazo le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento, lo que implica que la Mesa de la Cámara podrá prorrogar este tope inicial de 15 días que sugieren en su informe. Pero no más allá del mes que fija el reglamento.

El escrito recoge dos precedentes para avalar su decisión, en los que no se alcanzó la mayoría absoluta en la votación de carácter orgánico de una norma. Ambos fueron reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El primero ocurrió en 1997, el texto regresó a la comisión correspondiente y la Mesa acordó que se trabajara sobre el dictamen de la comisión que sí había avalado el Pleno, las enmiendas presentadas al proyecto y también el informe emitido por la ponencia. Es decir, no se pudieron presentar nuevas enmiendas, aunque sí alcanzar transaccionales sobre las registradas durante la tramitación.

En 1999 también se intentó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el trámite se frenó en la votación de conjunto del Pleno y se mandó de vuelta a la comisión pero en este caso no hubo un nuevo dictamen en plazo y la iniciativa caducó con el fin de la legislatura.

Contra la petición de PP y Vox

Respecto a las peticiones del PP y Vox, que sostienen que la ley acabó su tramitación en el momento en el que el Pleno la rechazó por mayoría absoluta en la votación de conjunto, los letrados dicen que la iniciativa se sometió a dos votaciones diferentes, como establece el Reglamento, y que, atender la tesis de estos grupos equivaldría a dejar sin efectos la primera de ellas, proyectando de facto el resultado de la segunda sobre las dos».

«Esta anulación de hecho de una votación carece de previsión reglamentaria y supondría ignorar la voluntad del Pleno. Es más, considerando que la votación del dictamen obtuvo 177 síes, 172 noes y ninguna abstención, se podría argumentar que, de hecho, se ha alcanzado la mayoría absoluta sobre el conjunto del texto», añaden los servicios jurídicos.