Inicio Actualidad Los letrados del Parlament vetan la investidura a distancia de Puigdemont

Los letrados del Parlament vetan la investidura a distancia de Puigdemont

El esperado informe jurídico de los letrados del Parlament ha puesto en un nuevo brete a la trinchera independentista. El texto apunta directamente en la línea de flotación de los secesionistas en su esperanza de mantener la mayoría absoluta sin que aquellos que se hallan en la cárcel o en Bélgica tengan que entregar sus actas. Pero sobre todo, veta la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido a distancia, desde Bélgica.

El informe señala que el cumplimiento del deber de asistir presencialmente a los plenos ”se hace evidente y excluye” la delegación o sustitución del diputado en determinados debates especiales, como por ejemplo el de investidura.

Informe de los letrados del Parlament sobre la investidura telemática

Informe de los letrados del Parlament sobre la investidura telemática

La característica propia de este pleno especial hace que sin la presencia del candidato, en este caso Carles Puigdemont, el debate quedaría huérfano de “de un elemento esencial del procedimiento”. “En estos debates se propicia un diálogo entre el candidato y el resto de diputados”, alegan los letrados, que tiene como fin “convencer” para obtener el apoyo necesario que promueva la investidura. Tres cuartos de lo mismo ocurre con la moción de confianza.

Frente a las voces que recordaban que en el reglamento de la Cámara no se explicita que la investidura tenga que ser presencial, los ocho expertos exigen el “respeto a las reglas básicas de los procedimientos parlamentarios, que hace imprescindible la presencia de los protagonistas”. Y no solo eso, sino que cabe preservar el cumplimiento de lo que caracteriza el debate parlamentario, es decir, “que todos los actores puedan ver, escuchar y entender en persona el desarrollo del debate” apunta para remachar: “Todo esto sin ningún medio interpuesto [el plasma] ni sustitución de la persona que debe de ser el principal protagonista”.

Voto delegado a debate

En cuanto a la delegación de voto, que el juez del Supremo Pablo Llarena recomendó como solución para que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn puedan ejercer su derecho a participar en los plenos mediante el voto, sin estar presentes, por cuanto el mismo alto Tribunal no les facilita la libertad bajo fianza, los letrados del Parlament se muestran bastante renuentes.

Recuerdan que hay separación de poderes y que la interlocutoria de Llarena no puede ser entendida como un mandato. Por ello, los letrados recuerdan que las causas que pueden motivar la delegación de voto son las que son: maternidad, paternidad y los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas.

La propuesta del juez de que dentro de este último apartado se entienda la cárcel preventiva sin fianza como una “incapacidad legal prolongada” es recogida con pinzas por los servicios jurídicos del Parlament que señalan que debe de ser la propia Cámara la que decida. Está claro que de ello se puede hablar tranquilamente en un futuro, cuando se acometa una eventual reforma del reglamento. Pero eso no soluciona la actual polémica, por lo que debe de haber un pronunciamiento rápido.

¿Quién decide?

Ahora bien, ¿de quién? Como este asunto debe dilucidarse, obviamente, antes de la votación de la nueva Mesa, caben dos posibilidades. O aborda el tema la diputación permanente del Parlament, órgano de representación de la anterior legislatura, o lo hace la Mesa de Edad, es decir, la que presidirá por un día la Cámara, el día de su constitución.

Entre ambos supuestos, y para descanso de Carme Forcadell, la actual presidenta del Parlament, los letrados se inclinan por la Mesa de Edad, formada por el diputado más vetereano y los dos más jóvenes. En este caso, curiosamente, todos elegidos en la lista del partido de Oriol Junqueras: Ernest Maragall, Rut Ribas y Gerard Gómez del Moral.

 Con todo, hay que quitar dramatismo a esta decisión por cuanto es el propio Supremo el que la impulsa, por lo que la acción del Estado en este supuesto, no en la de una eventual investidura de Puigdemont, es poco probable.