El 30 de noviembre de 1803, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, capitaneada por el médico personal de Carlos IV, Francisco Javier de Balmis, que estuvo asistido por la enfermera Isabel Zendal, cuyo nombre figura en el frontispicio de un reciente hospital madrileño, partió desde La Coruña para llevar al Nuevo Mundo el remedio hallado por Eduardo Jenner. Puerto Rico, Caracas, La Habana, Mérida, Veracruz y la Ciudad de México fueron sus escalas, lugares desde donde se propagó hasta llegar a Texas y Nueva Granada. La vacuna cruzó el Océano alojada en los brazos de los «niños vacuníferos», a los que sucedieron 26 huérfanos novohispanos que en septiembre de 1805 partieron con Balmis a bordo del navío Magallanes, rumbo a Filipinas. Desde allí, la vacuna pasó a las ciudades chinas de Macao y Cantón. Exactamente tres siglos después de que Nicolás de Ovando fundara en La Española el primer hospital de América, la expedición venía a completar el prolongado esfuerzo sanitario hecho por los españoles en un continente cuyos habitantes sufrieron el devastador efecto de las enfermedades europeas, comúnmente denominadas «viruelas».
Con el Imperio español transformado en una veintena de naciones políticas, la respuesta que se está dando a la pandemia coronavírica permite abordar de nuevo la disputada cuestión del llamado «Estado fallido», calificativo que, a menudo, han recibido repúblicas como la mexicana, actualmente inmersa en un proceso de reestructuración sanitaria que nos remite al año 2015, fecha en la que Carlos Slim, a través de su poderosa Fundación, facilitó -regalo que luego había que mantener- un sistema electrónico de cartilla de vacunación que adoptaron 18 entidades federativas. La irrupción del covid-19 y sus cepas con diversas denominaciones de origen ha servido para que Andrés Manuel López Obrador cancelara tal sistema, dando paso a otro de carácter nacional que permita que todos los mexicanos dispongan de una tarjeta de vacunación nacional que, por otra parte, servirá para restringir el acceso a actos públicos. El proyecto, que arrancó el 1º de octubre con la vacunación contra influenza, pretende aplicarse a la vacunación contra el covid-19 sin que suponga un costo adicional, pues debe apoyarse en las capacidades de los funcionarios públicos, tanto en su aspecto puramente sanitario como en el digital, factor imprescindible en el éxito de la campaña.
El orden territorial y administrativo español (…) ha hecho inviable la coordinación de lo que, de facto, se ha convertido en un mosaico de sanidades autonómicas que difieren
Si esta es la realidad nacionalizadora que se trata de impulsar en México, la situación en España es muy otra. Desde la época del franquismo la Seguridad Social dispone de una base de datos nacional de todos los beneficiados, pero esta, acusando la impronta de aquellos tiempos de familia, municipio y sindicato, se elaboraba a partir de las cabezas de familia o los trabajadores y personal a su cargo, es decir, sin establecer una relación nominal de todos los individuos. Para corregir estos yerros, en 1988 se inició la confección de una base de datos universal en la Comunidad Autónoma Vasca que sirvió para pasar de la cartilla de la Seguridad Social a la tarjeta individual sanitaria. En ella se incluía a la población marginal y alegal, pero también a aquellos que, por elevación económica, no figuraban en las listas de la Seguridad Social. Al cabo, los procesos infecciosos son ajenos a la dialéctica de clases. Sentadas las bases vascongadas, el modelo se quiso extender al resto de las comunidades con el objeto de disponer de una relación universal de todos los sujetos de los que debía ocuparse la sanidad pública. Se buscaba que, del mismo modo que Hacienda dispone de una eficacísima base de datos de contribuyentes, o la policía del DNI, se contara con una idéntica, vinculada al que se ha publicitado como «el mejor sistema sanitario del mundo», rótulo que habría que sustituir, manteniendo una enorme dosis de narcisismo, por el de «los mejores 17 sistemas sanitarios del mundo».
Cabe preguntarse si el alabado sistema autonómico (…) no es, en realidad, un modelo cuyas disfunciones han quedado evidenciadas a la hora de establecer medidas sanitarias eficaces, hacer acopio de equipos de protección o disponer de la capacidad hospitalaria adecuada
Sin embargo, el orden territorial y administrativo español –cimentado en sus famosas «nacionalidades y regiones»-, ha hecho inviable la coordinación de lo que, de facto, se ha convertido en un mosaico de sanidades autonómicas que difieren, incluso, en los calendarios y vacunas que han de recibir los, permítasenos la metáfora bovina, españoles estabulados en ellas. Todo ello determinó la imposibilidad de implantar una tarjeta individual sanitaria de carácter nacional, a lo que ha de añadirse el fracaso, ya en el presente siglo, de poner en marcha una central de compras. El desorden es tal, que cuando Pedro Sánchez quiso impulsar una aplicación para móviles, la Radar Covid, el fracaso fue rotundo, pues el sistema de rastreo estaba diseñado por autonomías, sin contacto entre ellas. Ello por no hablar de la absoluta descoordinación, para beneficio de un Gobierno encantado de eludir su responsabilidad en la humareda de datos fraccionarios, entre las diversas sanidades a la hora de ofrecer las cifras de contagiados y fallecidos.
A la luz de estas realidades, cabe preguntarse si el alabado sistema autonómico, que tan buenos dividendos ha dado a sus heraldos en Hispanoamérica, no es, en realidad, un modelo cuyas disfunciones han quedado evidenciadas a la hora de establecer medidas sanitarias eficaces, hacer acopio de equipos de protección o disponer de la capacidad hospitalaria adecuada. Una ineficaz y disolvente estructura que ahora ha de enfrentarse a la elección de las marcas farmacéuticas que compiten dentro del mercado pletórico vacunífero para su posterior inyección en los brazos de sus sostenedores.
