Los ministros llamarán a los números dos de las consejerías para conocer su disposición a colaborar

El primer día laborable de la administración catalana intervenida por el Gobierno bajo el paraguas del artículo 155 de la Constitución levanta preocupación y expectación en los ministros que tienen que hacerse cargo de la misma. Desde temprano los responsables designados de cada área de la Generalitat se pondrán en contacto con los segundos y terceros niveles de cada consejería para conocer los asuntos esenciales y pedirles que lleven adelante con normalidad su tarea de gestión ordinaria hasta las elecciones del 21 de diciembre. No saben qué se van a encontrar.

Esta jornada del lunes marcará la pauta de la actitud de los funcionarios y segundos y terceros niveles de cada una de las once consejerías que forman el gobierno de la Generalitat cuyos consejeros han sido cesados por el gobierno central como ya figura en los decretos publicados en la madrugada del sábado, 28 octubre. Los 140 cargos cesados juntos a los consejeros no forman parte del organigrama jerárquico sino que se trata de personal eventual contratados por cada consejero como colaboradores de confianza.

Las instrucciones de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y de la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, pasan porque los ministros intenten que los números dos y tres de cada consejería se hagan cargo de la misma. Que corra el escalafón, explican en la administración central. No hay la menor intención de que haya presencia de miembros del gobierno central en Cataluña ni que se dejen ver por las consejerías salvo situaciones excepcionales y siempre con la máxima discreción, apuntan las mismas fuentes.

No es intención del gobierno nombrar a nadie en concreto por lo que los funcionarios que se hagan cargo de cada consejería no serán nombrados sino que asumirán la tarea del consejero cesado sin que figure en ninguna parte de manera oficial, explican fuentes gubernamentales. Diferentes ministros consultados corroboran que no van a nombrar a nadie sino que hoy se pondrán en contacto con los responsables de las consejerías para indicarles que hagan su trabajo con normalidad ya que el gobierno central no va a dar ninguna instrucción para que cambien sus políticas. “Preguntaremos cuáles son los temas más relevantes que tienen por delante y les pediremos que cumplan con su obligación de servicio a los ciudadanos”, resume un miembro del Gobierno.

La aparente normalidad que se quiere dar a la situación creada no esconde que se trata de una situación excepcional que empezará en estas primeras horas del lunes. No saben si los consejeros acudirán a sus despachos aunque es lógico que lo pudieran hacer para recoger sus pertenencias ya que el cese se produjo en la madrugada del sábado.

Habrá despedidas de sus colaboradores y, por tanto, posibles momentos de tensión pero lo vivirán entre ellos “ya que no habrá nadie de Madrid para sustituirle”, explican fuentes gubernamentales. No hay información respecto a qué hará el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Esta es la pretensión pero el Gobierno asegura que está preparado por si se produce una cadena de dimisiones que les obliguen a realizar nombramientos. También creen que la situación puede ser dispar según consejerías y organismos autonómicos. En la reunión mantenida este sábado por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, dependiente de la vicepresidenta que a su vez es ministra de Administraciones Territoriales, con los subsecretarios de todos los Ministerios quedó claro que la misión del Gobierno central es supervisar y coordinar el trabajo de las consejerías pero no intervenir si no es estrictamente necesario porque se está contraviniendo la ley o se descuida el servicio público. En las próximas horas es posible que Bermúdez de Castro se traslade a Barcelona para tener una reunión con quien se haga cargo de la consejería de Gobernación que es su homóloga en la administración central. Se trata de una situación provisional que terminará cuando se celebren elecciones autonómicas en los que la administración tratará de que la intervención se note lo menos posible. Todo dependerá de la actitud de los funcionarios, reconocen.

El control del centro de telecomunicaciones de la Generalitat, CTTI y de los servicios de información, el CESICAT o CNI de la Generalitat, están bajo el control de la vicepresidenta al considerarse claves para evitar que puedan producirse boicots o sabotajes en el aparato de la administración autonómica.

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