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Los obstáculos a la industria de PP y PSOE provocarán la destrucción de 200.000 empleos en el sector hasta el año 2030

La industria, especialmente la manufacturera, destruirá más de 200.000 trabajadores hasta el año 2030, según señala el Observatorio de Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y recoge El Economista.

El sector tiene difícil la inserción laboral y el desarrollo profesional, ya que la crisis provocada por el coronavirus ha causado la mayor caída sectorial de inversión en formación para los trabajadores. La industria en 2019 ya suponía solo el 12,6% de la producción nacional, dato que confirma la paulatina desindustrialización que ha sufrido España en las últimas décadas, pues en 1980 la industria representaba el 25,9% del PIB.

Hoy las empresas españolas están sometidas a una normativa asfixiante que les hace competir en inferioridad de condiciones frente a las industrias de terceros países, denuncia la Agenda España presentada por VOX y respaldada por el sindicato Solidaridad, que considera que todos los partidos que apoyan la globalista Agenda 2030 son «cómplices de la desindustrialización de España«.

La Agenda España afirma que los obstáculos impuestos a la industria nacional por parte de las diferentes agendas globalistas -apoyadas por PP y PSOE- han debilitado el tejido productivo español, han generando una pérdida progresiva de empresas y empleo y una reducción generalizada de salarios. «España no puede someter a sus empresas a restricciones regulatorias o fiscales abusivas ni permanecer callada ante una política comercial de la Unión Europea que no garantiza una competencia leal y justa con los países terceros», asevera.

En este sentido, afirma que «mientras que terceros países como Marruecos o China se benefician de la deslocalización de fábricas o centrales energéticas, cuyos productos y energía España importa después, las empresas y productores españoles quedan asfixiados por la estricta regulación europea y nacional que convierte sus sectores en prácticamente inviables».

Así, llama a «reindustrializar España, a proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en el país y a apoyar la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas. Y pide «detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión climática».